ds_gen N. 6 – 2007 – Monografie

 

 

Conferencia magistrale en: II Seminario en el Caribe. Derecho romano y Latinidad [La Habana-Cuba, 12 al 14 de febrero de 2004]. Memorias, coordinadores y compiladores Pietro Paolo Onida y Eurípides Valdés Lobán, Sassari 2007, XII-187 pp.       Indice Sommario

 

 

Fernandez-Bulte-IM000422Julio Fernández Bulté

Doctor en Ciencias y Profesor de Mérito

de la Universidad de La Habana, Cuba

 

Integración jurídica en el Caribe: dificultades y esperanzas

 

 

Cuando pretendemos hacer algunas reflexiones sobre las dificultades y posibilidades reales de un proceso de integración jurídica en el área del Caribe tenemos que partir inevitablemente del singular hecho político y diplomático constituido por la fun-dación, en Cartagena de Indias, el 24 de julio de 1994, de la Asociación de Estados del Caribe.

Sería bueno recordar que los que propusieron lo que entonces era un nuevo intento integracionista que ya tiene diez fructíferos años, fueron precisamente algunos países anglófonos del Caribe.

La nueva agrupación de países surgía sobre la base de la experiencia anterior, llena de victorias pero también de retrocesos y se alcanzaba en el contexto de los acuerdos integracionistas y de cooperación existentes ya entonces en el área (CARICOM, MCC, G-3, SELA, ALALC - ALADI, MERCOSUR y GRAN), pero sobre todo surgía en un momento en que cobraban nuevo impulso y rasgos de independencia las acciones de integración a nivel regional e internacional, signadas casi todas ellas por una vocación latinoamericanista y caribeña, determinada no sólo por la ausencia de EU sino, sobre todo, por la presencia de todos los países de la Cuenca del Gran Caribe sin exclusiones ni discriminaciones.

El 30 de junio de 1994 se aprueba preliminarmente en Caracas el Convenio Constitutivo de la AEC y un mes después es suscrito en la Cumbre de Cartagena de Indias, Colombia, por los Jefes de Estado y Gobierno de 25 países como miembros plenos, además de 11 Territorios y países dependientes de Francia, Holanda y Gran Bretaña, como miembros asociados.

La histórica Cumbre Constitutiva del 24 de julio de 1994 y la I Cumbre de la AEC en agosto de 1995 en Puerto España, Trinidad y Tobago, suscriben los principales documentos que rigen el funcionamiento de la AEC: Convenio Constitutivo, Declaración de Principios y Plan de Acción.

A partir de esas fechas, el Gran Caribe cuenta con un organi-smo internacional que se auto define como “de consulta, concer-tación” y cooperación para instrumentar sus objetivos y principios de:

1)       “iniciar una nueva era en el Caribe, caracterizada por el fortalecimiento de la integración, la concertación y la consulta con el fin de asegurar una mayor cooperación cultural, económica, política, científica, social y tecnológica entre nuestros pueblos, gobiernos y países”,

2)       “crear un espacio económico ampliado, más competitivo y viable, que ofrezca posibilidades para la cooperación y la concer-tación”,

3)       “promover el desarrollo sostenible como estrategia … para mejorar el nivel de vida y combatir eficazmente la pobreza crítica en que vive una gran parte de nuestros pueblos”,

4)       “proteger y conservar el Mar Caribe como “patrimonio común de todos los pueblos del Caribe”, y preservar el medio ambiente y los recursos naturales de la región,

5)       “dar prioridad” a los sectores de turismo, comercio y transporte en las acciones concertadas,

6)       “respeto a la soberanía e integridad territorial … la libre determinación de los pueblos, el Estado de derecho, a los princi-pios democráticos, a los derechos humanos y a la solución pací-fica de controversias”,

7)       facilitar la participación coordinada en los foros multi-laterales,

8)       “promover la integración económica, incluida la liberali-zación comercial, de inversiones, de transporte y de otras áreas relacionadas”(AEC 1994 y AEC 1995)[1].

La AEC está encaminada a posibilitar la unidad y la interrelación económica, cultural y finalmente política que acer-cará orgánicamente a un grupo de países que, no obstante su diversidad cultural, están vinculadas por inexorables condi-cionantes geográficos, económicos y hasta geopolíticos. Esto explica la voluntad política de integración que, como expresa-mente se señala en el Acta Constitutiva, está encaminada no sólo a encontrar y promover un espacio económico común ampliado, sino también a fortalecer, utilizar y desarrollar las capacidades colectivas del Caribe para lograr un desarrollo sostenido, en lo cultural, en lo económico, social, científico y tecnológico.

Para mí resulta evidente que aunque entonces no se dijo expresamente, siempre tuvo que estar implícita la intención – que por demás es insoslayable – de avanzar en pos de una cierta inte-gración jurídica en el área. Nada podría hacerse, por supuesto, en el plano económico, comercial y científico o tecnológico, si no sobre la base de determinado instrumental jurídico que sirva de referente, base, punto de partida y normación a todos los países miembros.

Diez años después de constituida la AEC no cabe duda de que se han dado pasos importantes en distintos campos de la vida económica, social y cultural, y que se ha avanzado notablemente en el proceso integrador, especialmente en el espacio turístico, pero sin embargo, no ha sido proporcional el avance en el camino de la integración jurídica. aunque se advierten tendencias importantes de acercamiento y búsqueda de soluciones auténticas y valederas.

En estas reflexiones quisiera entonces apuntar lo que a mi juicio es ya un conjunto de factores que favorecen los propósitos integracionistas y cuáles son otros que, también en mi modesta opinión, pueden constituir obstáculos y dificultades para esos propósitos.

Sólo a partir de ese conocimiento de las realidades objetivas de nuestro Caribe estaremos en condiciones de formular estrategias de integración jurídicas y, dentro de ellas afrontar inteli-gentemente el desafío que consiste en tratar de aproximar dos sistemas jurídicos diferentes como el anglosajón y el romano-francés. Ello nos permitirá también considerar las posibilidades reales del Derecho romano como derecho aglutinador.

Entre los factores que han impulsado la unidad caribeña se destacan, ante todo, los económicos. La Gran Cuenca del Caribe agrupa a países que producen anualmente alrededor de casi 500 mil millones de dólares; países que mantienen un intercambio comercial con el resto del mundo, que asciende a los 140 mil millones de dólares, y que constituiye un potencial de mercado internacional que sobrepasa los 200 millones de consumidores[2].

El comercio regional asciende a 22.163 millones de dólares, con 10.944 millones de importaciones y 11.219 millones de ex-portaciones: no es un gran mercado pero tampoco es pequeño. La mayor parte de este intercambio intraregional se realiza al interior de las subagrupaciones ya existentes antes de la creación de la AEC: el Grupo de los tres, por ejemplo, realiza consigo mismo la mayor parte de su comercio intra AEC (el 80% de sus impor-taciones intra AEC proviene de ese grupo y el 44% de sus ex-portaciones)[3].

En el caso del CARICOM, el 34,6% de sus importaciones intra AEC provienen de las Antillas Holandesas y el 25,6% del propio CARICOM; mientras el 39,5% de sus exportaciones intra AEC se queda en el CARICOM, el 24,3% va al G-3 y el 15,6% a los no agrupados. El CARICOM es la subagrupación que más ha de-sarrollado sus intercambios no sólo consigo mismo sino con el resto de la región del Gran Caribe.

Esta fuerza económica, disgregada realmente hasta hace apenas diez años y hoy todavía en busca de una verdadera coherencia y organicidad de integración, constituye un elemento esencial en la deseada unidad y tiene que formar parte de cierta viabilidad en cualquier proyecto nacional de desarrollo y, más todavía, como única posibilidad de alcanzar una presencia apreciable y digna del área en el mundo de hoy.

Sin embargo, existen importantes obstáculos al proceso integracionista. No tomarlos en cuenta sería una inadmisible inge-nuidad. Quisiera por ello sólo apuntar algunos de los más notables de dichos obstáculos.

 

1. – Ante todo, constituye un obstáculo de primer orden la situación de dependencia del área con respecto a los Estados Unidos. El gran país del norte, pese a su proclamada vocación panamericana, concentra el 60% de su comercio exterior en los países europeos y asiáticos y sólo un fluctuante 15% en América Latina. Pero dentro de ese 15%, más del 50% se refiere a las relaciones comerciales con México, particularmente después del Tratado de Libre Comercio. De hecho, en las últimas décadas Estados Unidos exportó al Caribe menos del 20% del antes señalado 15% e importó del área apenas un 21%.

Sin embargo, para América Latina, y en especial para los países de la Gran Cuenca del Caribe, el importe del comercio exterior con los Estados Unidos oscila entre el 70%, el 50% y el 40%, según los casos. Todo ello según cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la década de los 90 del siglo que terminó.

Las relaciones e intercambios entre EU y el Gran Caribe (excepto México), están reguladas por la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que, aunque supuestamente están encaminados a conceder un trato preferencial a los países de la región, no han sido suficientes para compensar las negativas consecuencias que las políticas de EU provocan sobre los países del área. Las negociaciones en torno al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) son el otro mecanismo regulador de las relaciones EU-Caribe, y este Tratado, como cualquier economista lúcido puede comprender, con su supuesta igualdad y reciprocidad comercial ya está cambiando y cambiará más en el futuro los rasgos y tendencias de esas relaciones, en detrimento del Caribe.

A raíz de la Cumbre de Miami y de la crisis mexicana, en el Caribe comenzó a predominar la tesis de que la mejor estrategia es la de lograr la paridad con el TLCAN y avanzar en la AEC.

La posibilidad de que el Caribe se convierta en escenario de la competencia entre transnacionales de EU se ha hecho realidad para el caso del banano, en que la empresa Chiquita Brands ha logrado que se apruebe la aplicación de la Sección 301 de la Ley de Comercio de EU como represalia para forzar el acceso de su producción de banano a la Unión Europea. Para algunos países caribeños esta decisión podría afectar del 50% al 70% de sus exportaciones y el 50% del empleo, además del financiamiento que recibe de los EU.

 

2. – Mientras que la inversión extranjera directa (IED) de los Estados Unidos se destina a Europa, Canadá y Japón, su inversión en América Latina apenas alcanza el 15% del total, pero, además, se concentra en sólo cinco países.

Eso evidencia que las políticas económicas norteamericanas en el área han sido absolutamente selectivas, y están dirigidas a obstaculizar la integración y favorecer los factores disgregantes.

Habría que agregar que la inversión norteamericana en el Caribe ha cambiado su estructura en las últimas décadas, en la misma medida en que han sufrido transformación las estructuras de los flujos netos de capital que se invierten en América. De hecho ha aumentado la inversión en cartera, que es muy volátil y deja muy pocas huellas sólidas en el desarrollo material de nuestros países.

El primer desafío es el que surge de la disyuntiva entre una integración subordinada a los EU o una integración latino-americana que refuerce el grado de autonomía de la región y reduzca la vulnerabilidad que genera la relación asimétrica con los EU.

Un estudio clásico de este problema apuntaba que los EU orientan su política exterior hacia la cooperación, cuando se encuentran en condiciones de mayor o menor paridad de poder, o hacia el conflicto si la situación es de desequilibrio de poder. En los últimos veinte años este patrón de conducta se ha confirmado cuatro veces, con las intervenciones estadounidenses en Granada 1983, Panamá 1989, Nicaragua 1982-1988 y Haití 1994. Si los países del Gran Caribe están interesados en una postura cooperativa por parte de los EU tendrán que concertar posiciones y negociar de conjunto, como vía de compensar el marcado dese-quilibrio de poder que existe con cada uno actuando aisladamente.

Sin embargo, la acción concertada es necesaria pero no es suficiente, si se refiere a lograr un trato no discriminatorio por parte de los EU. La opción entre el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) y la AEC es un falso dilema para el Caribe. El desafío real es entre la total subordinación a los Estados Unidos y la pérdida de la independencia y las posibilidades de desarrollo, o el único camino de la salvación nacional y regional, que tiene que encontrarse fuera del ALCA. Además, se trata de evitar una versión del AEC que no detenga el arrollo del Gran Caribe; entre una AEC que refuerce la autonomía económica y política de los países caribeños o una AEC que facilite la conver-gencia hacia un ALCA hegemonizada por los EU.

Las relaciones de EU con el Caribe han ido cambiando en los últimos años y no para mejorar. La ayuda ha disminuido en diez veces en los últimos años: de 226 millones de dólares en 1986 a 22 millones en 1996. Las exportaciones de textiles del Caribe a EU crecen lentamente mientras las de México se multiplican por tres desde la firma del TLCAN. Para algunos especialistas caribeños la causa del cambio es económica, por la necesidad estado-unidense de eliminar el déficit comercial y presupuestario, para otros es política, por el predominio republicano y neoconservador en el Congreso, y para otros es de seguridad, ya que en la posguerra fría a EU ya no le preocupa la posibilidad de cambios socio políticos en el Caribe.

 

3. – Ciñéndome todavía exclusivamente al ángulo económico del problema – después me referiré a su alcance cultural y social – hay que significar las grandes diferencias en el desarrollo económico de los países de la Gran Cuenca del Caribe. Esa asimetría económica no necesita ser demostrada. Basta pensar en el desarrollo alcanzado por los países del Grupo de los Tres y compararlos con los centroamericanos o, peor aún, con la economía de las pequeñas islas.

Las mayores asimetrías se advierten al comparar los poten-ciales de los países de la AEC teniendo en cuenta cualquiera de los indicadores económicos usuales. En primer lugar se distingue México con una cuenta de comercio y servicios por más de 120 mil millones de dólares, un PIB de 350 mil millones, una pobla-ción de algo más de 90 millones de personas y un PIB per cápita de 4 mil dólares.

En segundo lugar están Colombia y Venezuela, cinco veces más pequeños, con un volumen de comercio y servicios en torno a los 20 mil millones y 40 mil millones respectivamente. Un PIB de 50 mil millones y 60 mil millones de dólares y poblaciones de 34 millones y 20 millones de personas respectivamente, y un PIB per cápita de 1.300 y 2.600 dólares.

La tercera clasificación de países estaría formada por Bahamas, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinam, Haití, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Cuba. La cuenta de comercio y servicios de estos países está entre más de 1.000 millones de dólares y menos de 5 mil millones de dólares, el PIB se ubica entre más de 1.000 millones y menos de 10 mil millones de dólares. La población es de más de 1 millón y menos de 11 millones de personas (exceptuando Bahamas y Barbados con 300 mil habitantes cada uno) y el PIB per cápita se encuentra en el rango entre 1.000 dólares y 5 mil dólares (exceptuando Nicaragua con 424 y Honduras con 540).

La cuarta clasificación está formada por los países pequeños de la AEC: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, St. Kitts y Nevis, Sta. Lucía, San Vicente y las Granadinas, Montserrat, Guyana y Belice; todos con PIB de menos de 500 millones de dólares, una cuenta de bienes y servicios de menos de 1.000 millones de dólares, población de menos de 200 mil personas (exceptuando Guyana con 800 mil) y un PIB per cápita entre más de 1.000 dólares y menos de 5 mil.

La diferencia entre los más pequeños y el país de mayor tamaño en la AEC es de 600 veces, lo que resulta una diferencia de rango muy significativa. A ello habría que agregar que los Estados miembros de la AEC no han alcanzado una verdadera independencia económica significativa. Ni la tenían históri-camente. A finales de la última década del siglo que acaba de con-cluir esos estados absorbían sólo del 7 al 9% de sus exportaciones totales, y se autoabastecían apenas en menos del 10%. El comercio al interior de la subregión no sólo es todavía débil sino que es unidireccional: en general los países del Grupo de los Tres abastecen y exportan y los demás importan. Hay que señalar que incluso entre los países anglófonos no han aumentado los flujos comerciales de manera sensible, ni aún después de la constitución de la AEC.

 

4. – Finalmente quisiera mencionar las desemejanzas en políticas económicas. En realidad existen manejos asimétricos y no armonizados en esas políticas económicas, en especial en lo referido al sector externo de las economías de los países de la Gran Cuenca del Caribe. En los que hemos denominado del Caribe en sentido estricto, se está produciendo un cambio impor-tante en el modelo de acumulación económica. De economías de plantación – especialmente de caña y banano – se ha pasado a priorizar al sector terciario, es decir, el turismo y los servicios financieros. Muchos de esos países han pasado de ser amplios productores de azúcar, café, cacao o tabaco, a países exportadores de frutas y legumbres, pero absolutamente vinculados con sus exportaciones al mercado norteamericano.

Las políticas macroeconómicas aplicadas en los países del Gran Caribe, cuando liberalizan los mercados internos frente a los mercados internacionales, tornan más factibles las relaciones comerciales con los vecinos más cercanos, además de que las cercanías geográficas reducen los costos de ese comercio con los vecinos y propician el abandono de estrategias responsables de integración caribeña.

Además, las políticas macroeconómicas neoliberales, dictadas por el FMI y el Banco Mundial, conducen a la reducción de los mercados internos sea por la vía de la contracción de la actividad económica o por la vía de incrementar el desempleo y la pobreza. El estancamiento del crecimiento de los mercados internos, el aumento de las tasas de inflación y la contracción del crédito interno, conducen también al debilitamiento de las posibilidades de la integración que los pueblos necesitan y ansían.

Está claro que las políticas económicas de los países del grupo de los tres son totalmente diferentes. Incluso México ha variado sus políticas económicas recién sus inestabilidades de finales del siglo pasado. El dólar sigue siendo la moneda fuerte de finan-ciamiento y comercio internacional. Las tasas de inflación, aunque han disminuido, siguen siendo ligeramente altas y las formas de afrontarlas totalmente faltas de coordinación regional[4].

 

5. – Quisiera hacer una breve mención a la diversidad cultural, espiritual e histórica en la formación de nuestros países de la Gran Cuenca del Caribe.

Los países del Grupo de los Tres surgieron, como todos sabemos, de las primeras luchas independentistas en nuestro conti-nente, vinculados a fuertes ideologías emancipadoras, como es el caso de México o Venezuela, y agregaría que ideologías integra-cionistas, como es notable en la historia de Colombia y Vene-zuela. Por supuesto que se trata de países que alcanzaron fuertes perfiles nacionales desde principios del siglo XIX. En Centro-américa los procesos descolonizadores, aunque ligeramente dife-rentes, también fueron tempranos y dieron lugar a pugnas na-ciones en que se tensionaban las artificiales fronteras con una indiscutible identidad regional.

En el caso de Centroamérica y del Grupo de los Tres, además de algunas islas, la independencia se obtiene a partir del enfren-tamiento a la colonización española, lo cual los distingue desde el inicio de aquel otro grupo de países de las islas que sufrieron la colonización inglesa, holandesa o francesa.

De hecho el proceso independentista en esos países bajo dominación británica apenas tuvo significación en cuanto a reales resultados. Es sabido que sólo fue en la década de los cuarenta del siglo pasado cuando el movimiento popular de algunos de ellos forzó a la metrópoli a introducir cambios en la estructura de la dominación política, y que Jamaica y Trinidad apenas en 1962 conquistaron su independencia, Barbados y Guyana en 1966 y Granada en 1974.

Eso explica que Eric Williams, que fuera Primer Ministro de Trinidad y Tobago y significativo historiador antillano, dijera de su país: “El 31 de agosto de 1962 un país será libre, se establecerá un Estado en miniatura, pero no se habrá forjado ni una sociedad ni una nación”[5].

La colonización en esas islas ha provocado la existencia de estructuras sociales y culturales que requieren estudios profundos. En casi todas esas colonias británicas los grandes terratenientes fueron esencialmente absentistas, muchos de ellos siquiera pisaron una vez sus grandes plantaciones. Cuando se vieron obligados a liquidar la esclavitud, la economía de plantación cayó en una gran depresión y en general se presenció el fin del monopolio azu-carero de las Antillas inglesas. Se produjeron entonces impor-tantes “importaciones” de siervos escriturados, procedentes de China, Africa y la India. Estas inmigraciones han tenido y tienen un peso y una significación cultural que no puede ser desestimada.

En Jamaica, por ejemplo, la formación del sistema de gobierno denominado Crown Colony Government, después de la frustrada rebelión de Bahía de Morant, en 1865, obstaculizó el desarrollo de una conciencia nacional y aumentó la deformación cultural de la Isla. Esa pretensa conciencia apenas empieza a vislumbrarse con el movimiento de Marcus Garvey y el Partido fundado por él (Asociación Universal para el mejoramiento del Negro), pero toma cuerpo únicamente en las décadas de los 30 y los 40 del pasado siglo XX.

Trinidad entra a la dominación británica más tarde que otras colonias. Tuvo una población amerindia y fue colonizada por los españoles, que la pasaron a dominio inglés recién las guerras napoleónicas. Sin embargo, es significativa la gran inmigración que tuvo la isla, la cual aumentó hasta 1860 con africanos supue-stamente libres que entraban como siervos escriturados. Por el contrario de otras islas, en Trinidad sobraba la tierra cultivable, por lo cual los esclavos emancipados se asentaban en esas tierras, bajo diferentes instrumentos legales. En 1845 entra a la Isla el primer “cargamento” de hindúes procedente de Calcuta (se afirma que fueron 225 hindúes) que sólo inician una larga inmigración como siervos escriturados, que no sólo constituyen una buena mano de obra sino que introducen una cultura milenaria y mantienen en la isla su lengua, sus tradiciones y sus costumbres.

En Guyana, al igual que en Trinidad, existe una verdadera mezcla de razas: junto a los colonizadores blancos, holandeses, franceses e ingleses, convivieron pueblos aborígenes y, más tarde, africanos, también hindúes como siervos escriturados, portugueses como explotados y chinos como semiesclavos.

La dominación inglesa desarrolló en Guyana el predominio político, cultural y social de los británicos, pero junto a ellos convivieron los portugueses, originalmente introducidos como siervos escriturados y más tarde devenidos comerciantes y profe-sionales. Los chinos no constituyen actualmente un grupo étnico diferenciado pero sí lo son los negros y los hindúes. Estos últimos mantuvieron durante mucho tiempo su presencia cultural sin mezclarse, pero a finales del siglo XIX muchos de ellos aceptaron la religión cristiana, la cultura criolla y pasaron a integrar un sector profesional significativo.

En Barbados las cosas fueron diferentes: la isla tiene una pequeñísima extensión territorial y es, sin embargo, uno de los países más densamente poblados en el planeta. Allí la burguesía reaccionaria ha conservado un altísimo nivel de influencia espi-ritual, amén de económica. En 1887 James Frouder podía decir: “En ninguna de nuestras posesiones está la marca de Inglaterra tan fuertemente impresa como en Barbados”[6]. Actualmente sigue siendo un país de absoluta cultura anglosajona y una rigurosa división de clases.

Estas consideraciones, sin duda muy generales, exigen ser profundizadas y particularizadas, puesto que ellas tienen mucho que ver con el problema central de nuestras reflexiones, esto es, con el enfrentamiento, en la Cuenca del Gran Caribe, entre el sistema jurídico anglosajón y el romano francés, y con las per-spectivas de la difusión romanística en un eventual proceso de integración en la región. A ello seguramente vamos a dedicar los próximos días de reflexiones.

Estimados amigos, según el Diario que escribió el Mayor británico Joseph Gorham, en el cual describió en 1762 la estructura de las tropas inglesas que participaron en la toma de La Habana en aquel año, y las cuales zarparon de New York, New Jersey y Rhode Island, estima el indicado Mayor que en ellas se integraron no menos de 5.300 negros procedentes de Jamaica, Barbados y las Islas del Caribe Oriental. Aquellos hombres vinieron como carne de cañón a una guerra que nada tenía que ver con sus intereses y su identidad. No es desechable pensar que muchos de aquellos hombres procedentes de las islas anglófonas del Caribe decidieran quedarse en Cuba una vez concluida la ocupación inglesa en 1763.

En sus estudios etnográficos Don Fernando Ortiz revelaba que, en la década de los 30 del siglo pasado, alrededor del 10% de la población cubana eran emigrantes o descendientes de las Islas del Caribe, tanto hispanas, franceses como inglesas, aunque no holandesas.

Si tomamos en cuenta que en esa década de los 30 la población cubana era de aproximadamente 4 millones de habitantes, es claro entonces que en ese momento ya más de 400.000 negros resi-dentes en Cuba eran emigrantes del Caribe. Su cultura y su histo-ria se habían vinculado a nuestra cultura y nuestra historia consti-tuyendo una entidad de identificación y unidad espiritual difícil-mente desechable. En aras de esa identidad caribeña, hago votos por el éxito de nuestro camino de integración y espero que este modesto encuentro sirva a esos altos fines.

 

 



 

[1] Los estados actualmente integrantes de la AEC son: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, México, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Las Bahamas, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Suriname, Trinidad y Tobago y Venezuela. En estos momentos ya han ratificado el Convenio Constitutivo los 25 Estados Miembros.

Tienen la condición de Miembros Asociados, los siguientes: Potencialmente podrían ser considerados como tal los países contemplados en el Anexo No. 2 del Convenio Constitutivo: Anguila, Bermuda, Islas Cayman, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Montserrat, Puerto Rico, República Francesa a título de: Guadalupe, Guayana, Martinica, Reino de los Países Bajos (Aruba y Antillas Neerlandesas).

Nota: los subrayados son los actuales miembros asociados de la AEC.

 

[2] Quisiera significar que como la mayoría de los politólogos identifico como Caribe en sentido restringido a las Islas del Mar Caribe más Belice, Guyana, Cayena y Surinam. Como Cuenca del Caribe reconozco a esas Islas más los países de Centroamérica y como Gran Cuenca del Caribe, a todos ellos más México, Venezuela y Colombia.

 

[3] Identificamos como el Grupo de los Tres (G-3) a México, Venezuela y Colombia.

 

[4] Al respecto puede verse García Lorenzo, Tania: “Impacto en el proceso de formación de la AEC”, en Cuadernos de Nuestra América, I. XII (24 julio-diciembre 1995), pp. 46 y siguientes.

 

[5] Williams, Eric: History of the People of Trinidad and Tobago, citado por Blanca Acosta, Samuel Goldberg e Ileana Sanz enIntroducción a la narrativa antillana de lengua inglesa”, en Cuentos del Caribe, La Habana 1977.

 

[6] Frouder, James: The English in the West Indies, citado por Blanca Acosta, Samuel Goldberg e Ileana Sanz (op. cit.). Hay que significar que Frouder fue un historiador inglés caracterizado por su ideología reaccionaria y por ser un furibundo racista.