Universidad Pablo
de Olavide
de Sevilla
El praemium civitatis en la lex Acilia
repetundarum: ¿incentivo para reprimir el abuso de poder?
*
Resumen: The lex Acilia repetundarum foresees
a reward for the person who undertakes succesfully the prosecution of the
repetundis crime against the Provincial Magistrate. Among the oddities featuring
this law there is ther recognition of the role of foreign accuser and the fact
of granting this person the Roman citizenship as a prize to compensate and to
encourage the pursuit of power abuse.
Palabras clave: Praemium civitatis, Lex Acilia
de repetundis, abuso de poder, enriquecimiento injusto, magistrado de provincias, recompensa, ciudadanía romana.
Abstract: The Lex Acilia repetundarum provides a reward for the person to undertake the prosecution successfully repetundis crime against provincial magistrate. Among the oddities featuring this law is the
recognition of the role of accuser abroad and granting Roman citizenship as a reward to compensate and
encourage the pursuit of abuse of power.
Keywords: Praemium civitatis, Lex Acilia de repetundis, abuse of power, unjust enrichment,
magistrate of Provinces, reward, Roman citizenship.
1. – En
las líneas que siguen nos proponemos llevar a cabo el análisis de una situación
concreta que se fragua en la experiencia iusromanística: la recompensa prevista
para los particulares que llevan a cabo una acusación exitosa ante el abuso de
poder del magistrado que desarrolla su labor en las provincias. El escenario en
el que centramos la indagación es el de la denominada lex Acilia
repetundarum, que distingue
las situaciones en que la denuncia es efectuada por un ciudadano romano y
aquellas en que es llevada a cabo por un extranjero para atribuir consecuencias
beneficiosas diversas en uno y otro caso. La materia sobre la que tratamos es
esta última, la del provincial que recibe la ciudadanía romana como recompensa
ante la acusación exitosa.
Planteada así la cuestión centraremos nuestra atención sobre
varios de los interrogantes que se suscitan y cuyo estudio, entendemos,
contribuye a ofrecer una visión esclarecedora de la materia. En primer término
conviene hacer referencia a las especificidades que en torno al ilícito y su
regulación ofrece la legislación que nos ocupa; igualmente hay que atender a la
acusación, en la que se plantea -entre otras cuestiones de interés- el
reconocimiento legal en Roma de legitimación procesal activa al extranjero en
ese tipo de situaciones, haciendo una referencia sucinta al modo en que se
articula la denuncia. Por último nos centraremos en el objeto central de
nuestro estudio, el praemium civitatis previsto en la citada regulación
ante el ejercicio de la acusación exitosa frente al magistrado provincial
corrupto. Examinaremos los términos en que se regula la recompensa en la citada
normativa y la interpretación que, a nuestro juicio, puede ofrecerse de la
misma.
2. – Conviene aclarar que la finalidad en este apartado no es
otra que la de abordar las singularidades que esta ley ofrece respecto a la regulación
anterior, prestando especial atención sólo a aquellas cuestiones que
contribuyen a precisar sus particularidades, sin pretensiones de abordar de
forma exhaustiva un examen global de la norma ni de muchos de los aspectos que
el estudio de la misma pueda suscitar[1].
Por otra parte, teniendo en cuenta las competencias que se atribuyen al
magistrado de provincias, interesa al menos señalar las conductas que la medida
legislativa citada considera ilícitas y, en consecuencia, susceptibles de ser
denunciadas y, en su caso, sancionadas, abriendo con ello la expectativa
premial prevista.
En la línea apuntada cabe señalar que la lex
Acilia repetundarum es un plebiscito que se atribuye a Manio Acilio
Glabrio, colega de Cayo Graco en el tribunado de la plebe, por lo que su
datación suele fijarse en el 123-122 a.C., año en que ejerce su cargo[2].
Esta ley se presenta en el contexto del proyecto reformador que se atribuye a C.
Graco, concibiéndola como un paso más en la visión avanzada y renovadora de la
situación política y social de Roma y de su relación con la población
provincial[3].
La aparición de esta norma supone la introducción de una serie de novedades en
el ilícito que regula, del que ya existían noticias previas en las fuentes[4]
y cuya persecución se llevaba a cabo a través de la quaestio de repetundis[5].
De hecho la experiencia anterior había puesto de manifiesto la
incapacidad del sistema previsto hasta el momento para el control de la
actividad extorsiva llevada a cabo por los magistrados fuera de Roma[6],
lo que justificaba la introducción de ciertos cambios[7].
Entre las novedades destacables que presenta esta lex está,
en primer término, el cambio de estructura del órgano encargado de perseguir
esos hechos[8].
Concretamente con esta regulación se procede a la sustitución del orden social
al que pertenecían los jueces: del ordo senatorius al ordo equester.
Si previamente eran los senadores los encargados de enjuiciar dichos ilícitos,
tras la ley que nos ocupa, el tribunal conocido como quaestio perpetua
repetundarum se componía de miembros del orden de los caballeros[9].
La composición del mismo no es una cuestión baladí pues el Senado, compuesto
hasta entonces por exmagistrados, había mantenido hasta la fecha una actitud
benevolente a la hora de enjuiciar este tipo de conductas, lo que puede
explicarse, entre otras cuestiones, por su pertenencia al mismo orden social[10].
De ahí que la designación de los jueces de
entre miembros del orden ecuestre pueda entenderse como un paso adelante en el
proceso de persecución de esos hechos[11].
Otra de las peculiaridades legales a
destacar y que ofrece un interés incuestionable para nuestro estudio, se
refiere a la acusación a través de la cual se pone en marcha la persecución del
ilícito, que permite, por primera vez, el ejercicio de la misma de forma
directa por peregrini, cuestión
sobre la cual nos detendremos en el epígrafe siguiente.
Por otra parte, también con esta ley
vinieron a fijarse algunas modificaciones encaminadas a hacer más eficaz el
proceso, entre las cuales destaca el establecimiento de una pena que ascendía
ya al duplum del valor de las exacciones llevadas a cabo y no al simplum
como hasta entonces[12]. Igualmente novedosa es la previsión de los premios para
los acusadores que llevaran a cabo su labor con éxito, entre los que se cuenta
la concesión de la ciudadanía para quienes no tuvieran esa condición, cuestión
esta última que será objeto de atención en el apartado sucesivo. En
otro orden de cosas, se intenta evitar el aplazamiento del juicio limitando el
número de ampliationes que el tribunal podía ejercer para diferir el
pronunciamiento de la sentencia[13].
Con este objetivo se prevé la imposición de una multa a aquellos jueces que
solicitasen la prolongación de la fase decisoria en más de dos ocasiones,
restringiendo así el recurso a este expediente y evitando la dilatación
indefinida del proceso[14].
Por lo que se refiere a la composición del tribunal, la
presidencia del mismo se atribuye al que se conoce con el nombre de praetor
de repetundis, que
en un plazo de diez días desde su nombramiento debía conformar una lista de
cuatrocientos cincuenta jueces elegidos de entre los caballeros y disponer su
publicación[15].
Después, el pretor debía leer en pública asamblea ese elenco, garantizando bajo
juramento que había llevado a cabo la recopilación de los mismos en el modo
prescrito[16]. De
entre esos cuatrocientos cincuenta se seleccionaba el tribunal encargado de
enjuiciar el proceso, excluyendo, en primer término, a todos aquellos ligados a
las partes, acusador e imputado, por vínculos de parentela o de otro tipo. El
acusador elegía a cien, comunicando los nombres al acusado; finalmente de entre
esos cien el mismo acusado elegía a los cincuenta que iban a componer el
tribunal encargado de juzgar el crimen[17].
Atendiendo a la realidad de las provincias y la labor que en
ellas desempeñaban los magistrados en este periodo, podemos señalar que las
fuentes reflejan la insuficiencia del control que hasta entonces se había
desplegado sobre la actividad realizada por quienes ejercían el gobierno en los
territorios conquistados[18].
Centrándonos en los hechos que comprendía la
figura delictiva del crimen repetundarum podemos reseñar que estamos
ante un ilícito que evoluciona a la par de las sucesivas leyes y momentos
históricos con los que coexiste. La nota común entre las conductas sancionables
bajo esa denominación, hasta la regulación que nos ocupa, es el enriquecimiento
ilícito del magistrado en perjuicio de la colectividad sometida al dominio
romano en la provincia en la que ejercía el cargo[19].
Con ese denominador común: aprovecharse del poder asignado para
el enriquecimiento personal a costa de la población sometida, podemos
referirnos a los actos que recoge la ley de referencia. En el resto epigráfico
que se conserva aparecen cinco modalidades de actuación descritas en forma de
participio[20]: el
tenor literal del texto se refiere al ablatum, captum, coactum, conciliatum y aversum[21]. Esa sucesión de conductas, el orden en que se mencionan[22]
y las connotaciones que de cada uno de esos comportamientos se derivan han sido
objeto de estudio por la doctrina para poner luz y profundizar en los distintos
hechos punibles contemplados en el ilícito. En cualquier caso, conviene aclarar
con respecto a las modalidades abusivas mencionadas, que no resulta fácil
identificar matices diferenciadores en todas y cada una de ellas que permitan
concederle un valor independiente del resto. Ello se debe al carácter genérico,
por ejemplo, del término captum o a los significados prácticamente
equivalentes que pueden darse de captum y ablatum, lo que dificulta la delimitación de
contornos claros entre unas y otras[23].
Por otra parte debemos precisar que todas las
actuaciones encuadrables en las hipótesis citadas tenían la consideración de un
único ilícito, esto es, los eventuales abusos llevados a cabo por el acusado
debían ser considerados “eadem res”,
como señala Mantovani, y, por tanto, debían sustanciarse conjuntamente sin que
fuese posible volver a plantear una nueva quaestio tras el fallo
judicial que ponía fin al proceso[24].
Recapitulando lo señalado hasta ahora, la legislación que nos
ocupa introduce importantes novedades en el seguimiento del ilícito que van
desde la composición del tribunal, a la cuantificación de la pena, la
introducción de ciertos elementos que tratan de promover la eficacia del
proceso e incluso el sistema acusatorio; cuestiones todas ellas que hemos
resaltado. Además, se prevé el establecimiento de una
recompensa, que está en conexión directa con la acusación, cuestión de la que
nos ocuparemos en las páginas sucesivas.
3. – El material examinado
hasta ahora deja entrever que en el clima de corrupción política descrito en
las fuentes, tanto la acusación del crimen repetundarum como el proceso
que, en caso de admitirse la denuncia[25],
sigue a la misma, sirven como medio de protección de la población provincial. A
través del citado procedimiento se pone en marcha un mecanismo para reprimir
los excesos y abusos de poder que pudieran llevar a cabo los magistrados en el
ejercicio de su cargo sobre esa colectividad[26].
Conviene poner de relieve que la ley Acilia repetundarum supone
el tránsito del conocido como procedimiento inquisitorio, que es el
procedimiento en el cual el magistrado pone en marcha el proceso, a aquél en
que se requiere la intervención de un
particular con la facultad de promoverlo, conocido como sistema acusatorio[27]. Probablemente por ello, entre las principales
peculiaridades que presenta esta ley está la de reconocer, por primera vez, la
legitimación procesal activa a los extranjeros, permitiendo así que los
damnificados por actuaciones de este tipo, con independencia de su status
civitatis, pudiesen llevar
a cabo la acusación. Hasta ese momento la previsión jurídica había sido el
planteamiento de la legis actio per sacramentum[28], reservada
– como es sabido – a los ciudadanos, lo que obligaba a los provinciales
damnificados a hacer uso de patroni. Con la promulgación de la ley Acilia, por tanto, se reconoce
legitimación procesal a las poblaciones sometidas a Roma, lo que no impedía la
subsistencia del sistema anterior, que consistía en designar a ciudadanos
romanos como patronos para que llevasen a cabo la acusación; la novedad
consistía en que esta segunda opción pasaba a ser, a partir de este momento,
una mera facultad[29].
Por lo que se refiere al ejercicio de la acusación como patrono a
favor de los provinciales, pro salute provinciae, ésta debió ser una práctica habitual a la que se refiere,
entre otros, Cicerón en diversos fragmentos de algunas de sus obras[30].
El resto epigráfico de la tab. Bemb. menciona, asimismo, el nombramiento
del patrono para el ejercicio de la función de acusador y su posible recusación[31].
Las dudas interpretativas que se presentan en torno a la acusación y al pasaje
del resto epigráfico que recoge el nombramiento de patrono para el ejercicio de
la misma son numerosas, si bien no es ésta la sede idónea para su análisis, ya
que se aparta del tema central de nuestro trabajo[32].
El propósito de la previsión normativa apuntada debió ser el de
facilitar a la población sometida la denuncia de los hechos que permitían la
puesta en marcha del proceso de repetundis; de esa forma se hacía visible la preocupación por la actividad
extorsionadora de los magistrados de provincias y la necesidad de crear medidas
encaminadas a perseguirla y reprimirla. No obstante, pese a lo señalado hasta
ahora cabe puntualizar que tal normativa, que suponía el reconocimiento de la
capacidad de acusar a los peregrini, no obtuvo la respuesta que pudiera
esperarse por parte de los provinciales. No conocemos testimonios que constaten
de facto que dicha población hiciera uso del ejercicio directo del ius
accusandi que le atribuía la ley[33].
Los motivos de esa previsible inactividad son desconocidos, aunque parece
verosímil pensar que el bajo nivel cultural de esas poblaciones frente a la
romana, unido a la ausencia de hábito en este tipo de prácticas llevara a la
subsistencia del sistema anterior, en el que los patroni asumían la
labor de acusación de quienes estaban supeditados a Roma. Por otra parte, de
los numerosos testimonios que se conservan en relación con la accusatio en
este periodo, se desprende la idea de que la persona que la ejercía debía ser
un ciudadano romano de cierta influencia y que hubiese dado muestras de su
elocuencia en el foro[34],
circunstancias que no era previsible que concurriesen en las poblaciones
sometidas al poder de Roma y que habían estado bajo el mandato de aquel al que
se acusaba de corrupción. Las
realidades descritas y el entorno en el que se suceden las mismas debieron de
influir en la falta de uso de la previsión legal. Asimismo no podemos obviar el
hecho de que éstos son procesos de gran carga política, en los que resultaría
bastante asombroso que asumiese el papel de acusador un personaje desconocido y
en clara posición de inferioridad respecto al acusado, que se integraba en la
clase dirigente y ocupaba una situación privilegiada desde el punto de vista
socio- político.
Por lo demás, es conocido el fenómeno,
ampliamente documentado en las fuentes, de que la práctica procesal de
ejercitar la accusatio alieno nomine, había generado en un sector de la población, ávido de
reconocimiento y promoción social[35],
la argucia de emplear la acusación pública para la defensa de intereses
políticos y económicos en beneficio propio, ajeno a los intereses de su
representado[36]. En
definitiva se trataba de una praxis desviada de los objetivos inicialmente
previstos por la normativa y que adulteraba el espíritu de la disposición, que
no era otro que el de facilitar la persecución de este tipo de ilícitos
permitiendo que ciudadanos romanos, movidos por el deber cívico, llevasen a
cabo la acusación en beneficio de otros[37].
Junto a las razones apuntadas, motivaciones de índole interna,
como la enemistad o el resentimiento, pudieron influir en el ánimo del
individuo y hallarse en la base de la denuncia del sujeto que la promovía. No
obstante, los móviles señalados, cuya presencia es un lugar común en la mayoría
de las acusaciones, no deberían obstar a la correcta ejecución de la labor como
acusador[38].
Respecto al modo en que se desenvuelve la denuncia[39]
podemos señalar que el particular que la ejerce debía proponer una serie de
elementos de prueba que el presidente de la quaestio analizaría para
convencerse de la conveniencia y el fundamento de la acusación efectuada[40],
procediendo en su caso a la puesta en marcha del proceso[41].
4. – Hasta este momento hemos
centrado nuestra atención en contextualizar la ley Acilia, señalando las
especifidades que presenta la misma respecto a la regulación anterior y las
conductas recogidas y penalizadas en ella; afrontamos ahora el análisis de la
cuestión central planteada: el praemium civitatis que, como hemos tenido
ocasión de adelantar, constituye la recompensa prevista para el particular
extranjero que denuncia con éxito el ilícito previsto.
No obstante, antes de abordar esa materia, conviene hacer alguna
referencia más general a la praxis premial en la antigua Roma. En ese sentido
podemos señalar que la utilización de la premialidad en la experiencia jurídica
romana es una práctica habitual[42].
Por lo que se refiere a la concesión de la ciudadanía en particular[43],
las fuentes atestiguan que ésta es una de las recompensas que se conceden,
tanto para gratificar discrecionalmente la prestación de servicios de lo más
variados[44], como
para estimular y compensar actuaciones del individuo que interesan al poder
público por la utilidad social de las mismas[45].
Por otra parte, son múltiples los
testimonios históricos que dan fe de la premialidad prevista para aquel que
ejerce el papel de acusador. En el De inventione hallamos un claro reflejo
de esa realidad expresada por Cicerón refiriéndose, de un modo genérico, al
frecuente recurso al premio del acusador ante los tribunales "(…) nam
et apud iudices de praemio saepe accusatorum quaeritur (…)"[46].
En la legislación que nos ocupa la referencia
a la materia premial presenta un número importante de cuestiones por
esclarecer. Entre ellas, podemos comenzar haciendo alusión a un elemento
llamativo, aun cuando no se enmarca en el tema principal de nuestro estudio.
Nos referimos a la mención textual que incluye al ciudadano romano entre los
sujetos premiados[47],
alusión que ha generado una divergencia de opiniones doctrinales sobre la
exégesis del pasaje en que se incluye[48].
La primera cuestión que conviene clarificar es que entendemos que el ciudadano
romano al que alude la ley es aquel que promueve la denuncia como perjudicado
y, a la vez, defensor de los intereses de otros, descartando la posibilidad de
que se pueda recompensar la labor de aquel que opera únicamente como patronus. Entre los argumentos que confirman
la puntualización mencionada se encuentra el hecho de que la figura del patrono
se nombra tras la delatio, que constituye la premisa para la cláusula
premial según señala la propia ley. En coherencia con lo señalado, partimos del
hecho de que la actuación del ciudadano se justifica como afectado y defensor
de los intereses de otros[49],
recibiendo como principal consecuencia beneficiosa, según lo previsto en la
norma, la exención del servicio militar[50].
Dejando a un lado la referencia al civis, por lo que a
nosotros interesa, la regulación que se recoge en la ley sobre el premio
resulta de la integración de las líneas 76 y 83 del bronce epigráfico[51],
que resultan reiterativas previsiblemente por error del copista, y que
reproducimos a continuación[52]:
De ceiuitate danda. Sei quis eorum
quei ceuis Romanus non erit ex hace lege alterei nomen…[ad praetor]em quoius ex
hace lege quaestio erit detolerit et is eo iudicio hace lege condemnatus erit
tum eis qu[ei eius nomen detolerit quoius eorum opera maxime unius eum
condemnatum ese constiterit….
La lectura del texto al que nos referimos se inicia con la
rúbrica, “de ceiuitate danda”, sobre
la concesión de la ciudadanía. Con esta expresión se anticipa y detalla la
recompensa prometida en la regulación que comentamos para quien llevase a cabo
la acusación con un resultado condenatorio. La fórmula con la que se abre el
fragmento se refiere a una pluralidad de sujetos que no tenían la condición de
ciudadano romano “sei quis eorum quei ceuis Romanus non erit”. A continuación se señala que si
alguno de ellos denunciase a otro ante el pretor, que tiene la jurisdicción en
virtud de esta ley, “ex hace lege alterei nomen…[ad praetor]em quoius ex
hace lege quaestio erit detolerit”,
y en dicho juicio resultara condenado “et is eo iudicio hace lege
condemnatus erit”[53];
entonces, de entre aquellos que han ejercitado la acusación, aquel
gracias a cuya mayor labor se ha obtenido la condena, recibirá la recompensa
prevista “tum eis qu[ei eius nomen detolerit quoius eorum opera maxime unius
eum condemnatum ese constiterit…”.
Recompensa que, como se anunciaba al inicio del pasaje, consiste en la
obtención de la ciudadanía romana.
A esa primera aproximación de la ordenación sobre el premio, cabe
añadir que, junto a la concesión de la ciudadanía, a partir de ciertos
testimonios recogidos en las fuentes[54],
se ha interpretado por parte de la doctrina que el nuevo ciudadano se inscribía
en la tribu del acusado[55]
y recibía el beneficio de la vacatio militiae. Por otra parte, en el caso de que se tratase de un latino, la
ley preveía la concesión de la ciudadanía o la provocatio ad populum y
la vacatio publici muneris et militiae[56].
Centrándonos en la materia que nos ocupa, el primer elemento digno
de ser resaltado y, al que ya se ha hecho mención, es que se permite a no
ciudadanos denunciar conforme a esta ley[57].
A continuación se puede señalar la exigencia del resultado satisfactorio del
proceso, condenatorio del acusado; con dicha previsión trataría de evitarse el
ejercicio temerario de la denuncia, en definitiva que ésta fuese efectuada sin
suficiente fundamento y con el objetivo principal de conseguir el premio. A
ello habría que añadir que, en casos extremos, aquellos en los que la acusación
no tuviese su origen en una verdadera causa criminis[58], siendo dicha circunstancia conocida
por quien llevaba a cabo la denuncia con intención manifiestamente dolosa[59], podría entenderse que se trataba de
un ejercicio calumnioso de la misma. La calumnia aparece expresamente prevista
por la ley[60] que,
además de contemplar como premisa de la recompensa el éxito de la denuncia, la
condena del acusado, como venimos señalando: “is eo iudicio hace lege
condemnatus erit (…) eum condemnatum ese constiterit (…)”[61],
exigía al denunciante, tras la nominis delatio y antes de la nominis
receptio por parte del pretor, que llevase a cabo el iusiurandum
calumniae, con el cual el
acusador declaraba bajo juramento que no presentaba la acusación calumniae
causa: “(…) sei deiurauerit calumniae causa non po[stulare (…)”[62].
Junto a las ideas que acabamos de
señalar, el texto conservado y reproducido en las líneas precedentes ofrece
significativas dudas interpretativas. Entre las principales
cuestiones que pueden plantearse adquiere especial relevancia la discutida
alusión textual a una pluralidad de acusadores. De la lectura de las líneas del
resto epigráfico se deduce que existen varios, de entre los cuales se debe
elegir al que merece el premio porque con su actividad ha contribuido en mayor
medida que el resto a alcanzar la condena del acusado “(…) eis qu[ei eius
nomen detolerit quoius eorum opera maxime unius eum condemnatum ese
constiterit…”. A partir de
esa fórmula parte de la doctrina interpreta que la situación a que alude el pasaje
es aquella de litisconsorcio activo, al que concurrirían quienes, perjudicados
por la actuación del magistrado, deciden la puesta en marcha del proceso[63]. Esa
lectura del fragmento, sin embargo, no es admitida unánimemente. En contra, por
ejemplo, Mantovani sostiene que esa hipótesis que sugiere la multiplicidad de
acusadores en posición de paridad es incorrecta. Para ello se basa en el cotejo
de otros procedimientos hasta la época imperial, en los que la función y el
papel de actor son asumidos por un sujeto de forma individualizada[64].
Otro argumento, igualmente sólido y señalado por este mismo autor para oponerse
a la tesis anterior, es el hecho de que la propia regulación que nos ocupa se
refiera en varios momentos a la praevaricatio del acusador, previendo
incluso la remoción del mismo en caso de ejercitar su labor de modo
improcedente, lo que carecería de sentido si acogiésemos la idea del
litisconsorcio activo apuntada[65].
Planteada la cuestión en estos términos, podemos avanzar en esa
idea señalando que los testimonios de este periodo confirman, que en aquellos
casos en que se lleva a cabo la nominis delatio de un mismo reo por
varios delatores[66]
y en referencia a un mismo crimen, sólo uno de ellos asume la función de accusator[67], ocupando el resto, en su caso, la
condición de subscriptores[68]. Un texto representativo de esta
dicotomía presente en materia de acusación, accusator/subscriptor, es el siguiente pasaje de las
Verrinas de Cicerón, cuya parte final refleja la división señalada:
Cic. Verr. 2.1.6.15: Quod
meum factum lectissimi viri atque ornatissimi, quo in numero e vobis complures
fuerunt, ita probaverunt ut ei qui istius quaestor fuisset, et ab isto laesus
inimicitias iustas persequeretur, non modo deferendi nominis, sed ne
subscribendi quidem, cum id postularet, facerent potestatem.
El fragmento ciceroniano reproducido muestra, en su parte final,
una situación en la que el sujeto que se postula para la acusación no es
admitido al ejercicio de la misma; ni tan siquiera se le permite la suscripción
de la causa, según se hace constar a continuación. Como ya se ha encargado de
resaltar Camiñas respecto al presente fragmento, el propio arpinate marca la
diferencia entre la nominis delatio y la subscriptio al señalar
que “non modo deferendi nominis, sed ne subscribendi quidem”[69],
resaltando así la mayor importancia de la delatio, dado que el delator será el “acusador principal” frente
al resto que, en caso de suscribir la acusación, pasarían a ser “acusadores
secundarios”.
Recuperando el hilo de la argumentación principal, si volvemos
sobre el pasaje de la lex Acilia que comentamos, se podría conjeturar,
coherentemente con la puntualización que acabamos de ver, que la referencia
plural que hace el texto epigráfico puede aludir a ambos, accusator y subscriptor
o subscriptores, conjuntamente.
Esa concurrencia de acusadores no sería una situación extraña, pues las
referencias en las fuentes a estos últimos son numerosas, lo que hace pensar
que se trataba de una figura habitual en el seno de la acusación[70].
No obstante, aun admitida esa argumentación que puede justificar
la narración en plural del fragmento, queda por explicar la ausencia de
referencia alguna en la ley a un posible acusador singular que resulte
premiado. Una explicación a esa omisión podría hallarse en la falta de
conflicto de la situación descrita, que hacía innecesaria la regulación de
procedimiento alguno para la concesión de la recompensa. En efecto, se podría
conjeturar que siendo el premio previsto en la ley uno e indivisible, éste debía
asignarse al único denunciante. De conformidad con esta idea, la regulación se
encargaría de precisar el método a seguir, exclusivamente, en caso de
coexistencia de una multiplicidad de acusadores, lo que hacía preciso prever el
criterio a aplicar en la atribución de la recompensa, omitiendo cualquier
referencia al acusador singular.
El pasaje que comentamos de la ley, como acabamos de señalar,
refleja con claridad que el premio es atribuible a uno sólo (unius). Por
otra parte, dado el carácter del mismo, la concesión de la ciudadanía, resulta
obvio que éste es un privilegio unitario, que debe atribuirse a un único sujeto[71].
La cuestión a determinar en este momento es
cómo se llevaba a cabo la asignación de entre la pluralidad de sujetos que
participaban en la acusación. Sobre ese particular el mismo fragmento se
encargaba de fijar un criterio general a seguir: la atribución del premio a
quien, en mayor medida (opera maxime), hubiese contribuido a la condena
del acusado. En las líneas que siguen trataremos de esclarecer la forma en que
era aplicada esa previsión legal.
Llegados a este punto conviene hacer referencia a la divinatio[72], cuestión estrechamente relacionada
con el papel que se atribuye al acusador; precisamente el texto de Cicerón que
acabamos de comentar se enmarca en el contexto del debate que se plantea en la divinatio
que se sustancia con ocasión de la acusación contra Verres, que finalmente
asumió el Arpinate frente a Cecilio, que había sido cuestor de Verres y trató
de asumir el papel de accusator[73].
Como es sabido, se conoce como divinatio el debate judicial que se da,
con carácter preliminar, para determinar quién será el acusador preferente de
entre las varias personas que pretenden ejercer la acusación en relación al
mismo proceso[74]. Por lo
que a nosotros interesa la cuestión que puede suscitarse es si la diferencia
que se establece tras la divinatio,
que permite distinguir entre el princeps in agendo y el resto de
acusadores, debe tenerse en cuenta a efectos de obtener la recompensa o si, por
el contrario, esa distinción resulta indiferente para la obtención del premio[75].
Retomando la literalidad del resto epigráfico de referencia, éste
se encarga de señalar que el premio se
concede a aquel que con su actividad haya contribuido en mayor medida a
conseguir la condena “(…) quoius eorum opera maxime unius eum condemnatum
ese constiterit (…)”[76].
La cuestión se centra ahora en determinar si deben concurrir todos aquellos que
han contribuido a la acusación, accusator y subscriptores, para fijar cuál de ellos es digno
del premio, examinando qué actuación es la que ha resultado más determinante
para lograr la condena del acusado o si debe entenderse que una vez designado
el acusador principal, la atribución de tal condición lo convierte
automáticamente en el llamado a obtener la recompensa.
A priori se puede reseñar que, si seguimos el criterio previsto,
puesto que la divinatio tiene lugar antes del desarrollo del proceso, en
ese momento no es posible establecer cuál de los acusadores va a lograr que su
actuación sea la decisiva para la obtención de la condena para el acusado.
Ahora bien, lo lógico es pensar que el mayor peso de la acusación recayese
sobre quien es designado como acusador principal.
No obstante lo señalado y, pese a la aparente situación de
inferioridad que ocupaba el subscriptor respecto al acusador[77],
algún testimonio de este periodo refleja que el primero no necesariamente ceñía
su actuación a un papel secundario en el ejercicio de la acusación. En este
último sentido puede resultar ilustrativo un episodio en el que Cicerón relata
que la elocuencia del subscriptor despierta la envidia del propio
acusador principal, que pierde así el protagonismo que podría esperarse de su
actuación “(…) invidisti ingenio subscriptoris tui; quod ornabat facile
locum quem prehenderat, et acute testis interrogabat aut . . . fortasse
fecisset ut tu ex populi sermone excideres (…)”[78].
Este pasaje resulta muy revelador en varios sentidos. Por una parte, puede ser
interpretado como un signo más de que el subscriptor del periodo
republicano es un auténtico acusador, pudiendo ambos recibir la calificación de
delator[79]. Por otro lado, este episodio
puede servir igualmente como muestra de la afirmación que acabamos de hacer en
el sentido de que cualquiera de los subscriptores pudiera colaborar en
la acusación ejercitando su labor de tal modo que ésta resultara decisiva para
la obtención de la condena[80].
Los testimonios que acabamos de examinar podemos ponerlos en
conexión con un fragmento, recogido por Asconio en el comentario al Pro
Milone de Cicerón, donde se
alude al premio previsto para el crimen de ambitus[81].
Asc. 54
c.: (…) Damnatum autem opera maxime
Appi Claudi pronuntiatum est. Milo postero die factus reus ambitus apud Manlium Torquatum
absens damnatus est. Illa quoque lege accusator fuit eius Appius Claudius, et
cum ei praemium lege daretur, negavit se eo uti. Subscripserunt ei in ambitus
iudicio P. Valerius Leo et Cn. Domitius Cn. f. Post paucos dies quoque Milo
apud M. Favonium quaesitorem de sodaliciis damnatus est accusante P. Fulvio
Nerato, cui e lege praemium datum est. Deinde apud L. Fabium quaesitorem iterum
absens damnatus est de vi: accusavit L. Cornificius et Q. Patulcius (…).
El texto comienza reflejando la designación de Apio Claudio como
premiado. El escoliasta apunta las mismas premisas que ya hemos visto con
anterioridad en la ley que comentamos: la condena del acusado, en este caso
Milón, y la contribución de Apio Claudio en mayor medida que el resto de acusadores
para conseguirla: “damnatum … opera maxime”. En el fragmento reproducido se emplea el término damnatum mientras
que en la lex Acilia el de condemnatum, no obstante los términos utilizados en el pasaje de Asconio
son análogos a los recogidos en la línea 78 de esta última normativa: “(…) opera
maxime (…) condemnatum (…)”. En definitiva, la conjunción de
ambos factores, la condena del acusado y la mayor aportación a la consecución
de la misma por parte de ese acusador respecto al resto, es lo que justifica la
asignación del premio a su favor “pronuntiatum est”.
A continuación el pasaje señala con claridad que actuaron como subscriptores
de la causa P. Valerio León y Cn. Domicio, hijo de Cneo. De este primer episodio
que refleja el fragmento no parece desprenderse la existencia de conflicto
alguno, pues es el acusador principal quien aparece como designado para recibir
el premio[82].
Debemos suponer que Apio Claudio ejerció su papel en el modo en que cabría
esperar, obteniendo como consecuencia su designación indiscutida como candidato
a recibir la recompensa. Una puntualización reseñable, sin embargo, es que en
el texto queda constancia de que en el momento en que se le ofrece el premio
previsto rehúsa recibirlo “(…) et cum ei praemium lege daretur, negavit se
eo uti (…)”; en este caso, podríamos percibir la conexión de esta renuncia
con las ideas de justicia y virtud reflejadas en Cicerón, que debe desearse por
sí misma, no por el premio o la recompensa asignados[83].
El mismo fragmento recoge la noticia de que días después Milón
fue condenado de nuevo, en esta ocasión por un ilícito de sodaliciis[84],
lo que sucede ante Favonio, que actuaba como quaesitor en esta causa. El
papel de acusador, en este caso, recae en Fulvio Neracio, del que la única
noticia que tenemos a través del texto es que recibió el premio según lo
dispuesto en la ley “(…) cui e lege praemium datum est (…)”. De este
segundo episodio recogido por Asconio deduce David que Fulvio Neracio se hace
acreedor del premio ante la renuncia de Apio Claudio[85].
En nuestra opinión, sin embargo, el texto refleja dos acusaciones distintas,
aunque próximas entre sí dada la estrecha conexión que existe entre ambos
ilícitos, el de ambitus y el de sodaliciis, lo que llevaría con frecuencia a que se produjesen acusaciones
de uno y otro de forma concurrente.
La interpretación que podemos extraer de este pasaje es que los acusadores
principales son los aspirantes naturales a recibir el premio,
y así sucedería en aquellas
situaciones en que no se plantea conflicto “inter delatores”, aun cuando concurriesen
subscriptores que colaborasen en el ejercicio de la acusación. Debemos suponer que lo habitual era que el peso de la acusación recayese sobre el acusador principal en
cumplimiento del rol que se le atribuye. De no ser así o si existiese desacuerdo acerca de quién de entre ellos es merecedor del premio, habría que arbitrar un mecanismo para
la designación del acusador premiado.
En la misma línea de tratar de esclarecer los criterios que se
seguían para la asignación del premio entre los diversos acusadores nos
detenemos ahora en otro fragmento que, entendemos, puede contribuir a
clarificar la cuestión. Se trata de un testimonio muy ilustrativo sobre la
materia que tratamos y que se encuentra en la Institutio Oratoria de
Quintiliano:
Quint. Inst. Or. 3.10.1: (…) sicut divinationes, quae fiunt de accusatore constituendo, et
nonnunquam inter delatores, uter praemium meruerit.
El pasaje señala, al hilo del género
comparativo, que las divinationes se llevan a cabo para establecer quién
será el acusador y, alguna vez, entre los delatores para determinar
quién es merecedor del premio. Por lo que a nosotros interesa aporta
información relevante, pues alude a dos divinationes con finalidades
distintas y sucesivas en el tiempo, una, previa a la quaestio, para instituir al acusador “quae
fiunt de accusatore constituendo”
y otra que, según se expresa en el propio texto, se da alguna vez, “et
nonnunquam”. Esta
segunda divinatio, en coherencia con lo señalado hasta aquí, debería
desarrollarse, en su caso, tras la condena del acusado para determinar a cuál
de los acusadores debe atribuirse la recompensa prevista legalmente.
De los términos empleados por el retórico
parece deducirse que mientras que la divinatio inicial es un trámite
habitual o rutinario para determinar quién será el que ejerza el papel de
acusador principal en caso de pluralidad, la segunda parece ser algo ocasional.
Efectivamente, la locución “et nonnunquam” nos lleva a colegir que sólo a veces, además de esa divinatio
inicial, se sucedía un segundo debate. El enunciado del final del pasaje
determina el propósito de esa otra divinatio, que es el de determinar quién
debía ser el sujeto premiado, “uter praemium meruerit”. Conviene resaltar que el
empleo de “uter” parece indicar la presencia de dos sujetos para
determinar cuál de los dos, en este caso delatores, sería merecedor del premio,
cuestión sobre la que volveremos más adelante. De lo visto hasta aquí podemos
deducir que una condición mínima para que se desarrollase esa segunda divinatio, debía ser la presencia de
más de un sujeto en el ejercicio de la acusación. Como hemos tenido ocasión de
apuntar, ante el aparente silencio de la ley sobre ese particular, entendemos
que la singularidad del premio y del acusador no hacía preciso el
establecimiento de ninguna clase de procedimiento para otorgar la recompensa
prevista.
Ahora bien, la cuestión que se puede suscitar
inmediatamente es si, constatado el hecho de que pueden ser varios los sujetos
que ejercitan la acusación, debía existir desacuerdo entre ellos acerca de
quién merece la recompensa para que se procediese a este segundo debate o “divinatio” o si, por el contrario, se
entendía que éste era un trámite habitual en caso de concurrencia. Como se ha
señalado, el pronunciamiento de Quintiliano arriba reproducido refiere que,
alguna vez, “nonnunquam”,
se daría ese proceso, lo que nos lleva a pensar que es una situación que sucede
de modo ocasional. Siguiendo los términos del pasaje, podría darse ese debate
entre dos sujetos “uter” que han actuado como acusadores, “inter delatores”, para
acordar cuál de ellos merece el premio, “praemium meruerit”. Ello nos permite conjeturar que
esa segunda divinatio sería un procedimiento excepcional que,
previsiblemente, tendría lugar en aquellos casos en que quienes habían llevado
a cabo la acusación no alcanzasen un acuerdo acerca de cuál de ellos merecía en
mayor medida el premio.
Retornando al testimonio epigráfico recordemos que, en la línea
78 de la ley, se señalaba que la asignación del premio correspondía a aquel de
entre varios que más hubiese contribuido a obtener la sentencia condenatoria
“(...) quoius eorum opera maxime (...)”. La expresión allí plasmada no
hace pensar que se limitase la concurrencia a dos acusadores, como parece
deducirse del texto de Quintiliano por el uso de “uter”. Quizás este último se expresa en esos términos porque el
planteamiento de esa divinatio final se daría sólo en los casos en que
existiese un conflicto, una rivalidad no resuelta entre dos de los acusadores
que aspiran a recibir la misma recompensa.
En este último sentido resulta interesante un testimonio
ciceroniano, citado con anterioridad, en el que subyace la idea de competencia
entre acusadores y que aparece recogido en el Pro Flacc. 82. Para el
arpinate, la mayor elocuencia y sagacidad del subscriptor en el
ejercicio de la acusación lleva al acusador principal a hacer recaer sobre el primero
la sospecha de corrupción[86].
Los hechos narrados por Cicerón permiten vislumbrar una rivalidad latente entre
ambos acusadores que, en este caso, llevan a relegar al susbscriptor acusándolo
de ser sospechoso de soborno y de actuar a favor del acusado. Para David, este
episodio deja entrever que ambos, acusador principal y secundario, ambicionaban
la misma recompensa prevista[87].
Parece verosímil pensar que así fuese, no obstante, esto no es más que una
suposición, pues no disponemos de datos fehacientes que permitan afirmarlo de
modo concluyente.
Llegados a este punto conviene sintetizar los datos que podemos
extraer de los testimonios analizados hasta el momento. Entendemos que la ley epigráfica alude a una pluralidad
de delatores que engloba a acusador principal y subscriptor o subscriptores,
situación que parece ser la cotidiana según se deduce de los testimonios
reflejados en las fuentes que se refieren a la acusación. Por
otra parte, puesto que el premio es uno, en caso de pluralidad de acusadores se
hace preciso determinar cuál de ellos merece la recompensa. La propia ley se
encarga de establecer el procedimiento de designación, señalando que el premio
debe atribuirse a aquel de los denunciantes que haya contribuido más a la
condena del acusado. Hemos constatado que la atribución del premio pudiera ser
una cuestión pacífica e indiscutida; en ese sentido, suponemos que la situación
habitual sería aquella en que el acusador principal, ratione officii, asume
la labor de contribuir en mayor medida que el resto de acusadores a la condena
del acusado. Ahora bien, cuando surge un conflicto entre los delatores que
llevan la causa y éstos no logran un acuerdo sobre quién merece el premio,
siguiendo la interpretación apuntada podemos admitir que accusator y subscriptores
deberían concurrir para determinar quién es más digno de recibir la
recompensa legalmente prevista porque su contribución haya sido decisiva para
lograr la condena del acusado.
Conforme a lo señalado hasta aquí, la siguiente cuestión que
puede plantearse es ante quién y cómo se sustancia ese debate o divinatio en
la que se debe determinar cuál de los acusadores es digno de recibir el premio[88].
En este caso, parece verosímil que los miembros del mismo órgano ante el cual
han expuesto sus respectivos discursos quienes han llevado la accusatio,
conocedores de las aportaciones que cada uno ha hecho a la causa y su
contribución al juicio condenatorio del acusado, fueran los encargados de
pronunciarse sobre el delator más digno de recibir la recompensa
legalmente prevista[89].
Si admitimos que en ciertas situaciones, tanto el acusador como
los subscriptores, pueden concurrir en nivel de igualdad para determinar
quién recibe el premio, cabría plantear, por contraposición, que unos y otros
pudieran ser acusados de calumnia o prevaricación en el ejercicio de su labor,
circunstancias ambas previstas por la ley. La citada regulación se refiere en
varios momentos al acusador que no ejerce lealmente su labor, por lo que puede
ser acusado de praevaricatio motivando incluso la anulación de la causa[90].
Por lo que se refiere a la calumnia también hemos tenido ocasión de señalar la
previsión legal de la misma, que trata de evitar la falsa acusación[91].
Algunos testimonios recogidos en las fuentes nos pueden
ilustrar sobre esta cuestión. En concreto, volviendo sobre el ya citado pasaje
ciceroniano del Pro Flacco 82, la sospecha que existe sobre
Deciano, que ejercía de subscriptor de la causa, es la de haber sido
sobornado por el acusado, hipótesis que se circunscribe claramente en la
prevaricación y sobre la que Cicerón se pronuncia manifestando sus dudas: “Non
est, mihi crede, corruptus. (…) Sed, ut hoc haud veri simile est
Decianum a Flacco esse corruptum”[92].
No obstante la opinión de Cicerón sobre los motivos reales de la acusación de
prevaricación, por lo que a nosotros interesa, el fragmento es un testimonio en
el que se refleja que la actuación desleal en el ejercicio de la acusación no
sólo puede recaer sobre el acusador principal, sino también sobre el subscriptor, como se recoge en el pasaje.
Cuestión diversa y, que excede del tema central de nuestro trabajo, es el de
los efectos que produce la sospecha y consiguiente acusación sobre ese acusador
secundario que, según deja entrever Cicerón, es apartado del ejercicio de su
labor.
Por lo que respecta a la calumnia, un
fragmento de Asconio nos puede servir de apoyo a la idea de que los subscriptores
respondían en situación de paridad con el accusator.
Asc. 29.1-5 Cl.: Cato
praetor, Cicero cum vellet de accusatoribus in consilium mittere multique e
populo manus in accusatores intenderent, cessit imperitae multitudini ac
postero die in consilium de calumnia accusatorum misit. P. Triarius nullam gravem sententiam
habuit; subscriptores eius M. et Q. Pacuvii fratres denas et L. Marius tres
graves habuerunt.
El pasaje arriba reproducido, en lo que a
nosotros concierne, se hace eco de un suceso según el cual el pretor Catón somete
a la deliberación del tribunal la posible calumnia en que han podido incurrir
los acusadores “(…) in consilium de calumnia accusatorum misit (…)”. El
resultado que se transmite es que Triario, que deducimos que es el acusador
principal, no obtuvo ningún voto en su contra, sin embargo, sus subscriptores,
los hermanos Pacuvio y Mario obtuvieron diez y tres votos en contra
respectivamente, considerando su implicación en el ilícito de falsa acusación.
De los términos del texto podemos deducir,
como hemos señalado, que Triario ocupaba la posición de acusador principal
frente al resto de personajes que se citan, que actúan como acusadores
secundarios y son los que, a juzgar por el resultado de la deliberación,
provocan el recelo de varios de los miembros del tribunal que, en distinta
medida, hacen recaer la sospecha sobre los mismos de falsa acusación. Este
testimonio resulta de interés porque avala la idea de que los acusadores, tanto
principales como secundarios, pueden concurrir a la acusación de calumnia
conjuntamente.
De todo lo anterior se puede colegir que los
efectos, tanto positivos – premio – como negativos – acusación de prevaricación
o calumnia – que pueden derivarse de la actuación del delator, pueden afectar tanto al
acusador como al subscriptor en las condiciones señaladas.
En otro orden de ideas, si hacemos un
ejercicio de abstracción, podemos señalar que la recompensa prevista en la
hipótesis objeto de nuestra investigación ofrece consecuencias ventajosas para
aquel que cumple con las condiciones exigidas para su concesión. El
premio previsto, el praemium civitatis, contemplaría un doble efecto: el compensatorio, ante las
cargas y molestias que el ius accusandi pueda ocasionar[93]
y el incentivante, en la medida en que es preciso el ejercicio de la acusación
para la puesta en marcha del proceso y la consiguiente persecución del ilícito,
se estimula al sujeto con la previsión de una recompensa que pretende servir de
impulso a la actuación en ese sentido[94].
No obstante, cabe añadir que junto a la recompensa legalmente prevista, la
acusación en estos procesos no sólo acarreaba cargas, pues como hemos tenido
ocasión de apuntar solía ofrecer rendimientos, al menos, en términos de
consideración social y política para aquel que, haciendo gala de su elocuencia,
lograba gloria y popularidad acusando con éxito a un magistrado.
5 – Para concluir podemos señalar que la abundante y
continua normativa que conocemos sobre el crimen repetundarum se
presenta como reveladora de la incapacidad de las sucesivas regulaciones para
reprimir las prácticas corruptas que perpetraban los magistrados en las
provincias en las que ejercían su cargo. Las singularidades que
presenta la lex Acilia frente a la regulación anterior permiten colegir
la preocupación por esa situación, presentando una serie de novedades que
tratan de suponer un avance en la persecución del ilícito y provocan
consecuencias diversas tanto en el ámbito político como jurídico.
Por lo que interesa al objeto de nuestro estudio, la novedad más
destacable es el reconocimiento al provincial de la capacidad procesal que le
permite promover por sí mismo el ejercicio de la acusación, estableciendo, en
caso de que ésta resulte exitosa, la concesión de la ciudadanía romana como
premio. El objetivo de esa novedad debió de ser el
de facilitar la puesta en marcha del proceso por parte de los sujetos
damnificados, haciendo aún más perceptible el endurecimiento en la represión de
esas prácticas. Sin embargo, hasta la fecha, ningún testimonio puede ofrecerse
del uso de esa potestad. Podemos conjeturar algunas de las causas que pudieron
influir en esa inactividad: la falta de experiencia en un terreno, el de la
acusación procesal, donde se requería un nivel de formación y entrenamiento que
difícilmente podían concurrir en esa población; la inferioridad socio-política
de los provinciales frente al acusado, que los condujo a buscar el respaldo de
ciudadanos romanos que pudieran plantear la acusación y hacer frente a la
rivalidad que aflora en toda controversia procesal en términos más
igualitarios; al mismo tiempo no debemos perder de vista que en procesos como
estos, de enorme carga política, es lógico que la población sometida buscase el
apoyo de algún personaje influyente para defender su causa y ejercer el papel
de acusador.
El premio de la ciudadanía previsto trataría, por una parte, de
compensar las cargas y molestias que asume el acusador, algunas de ellas nada
desdeñables, como asumir el riesgo de enemistarse con un personaje de la clase
dirigente romana; por otra, sería un medio previsto para incentivar la denuncia
y consiguiente persecución de estos hechos. Esa doble finalidad del premio,
compensatoria e incentivante, es conocida en la experiencia romana tanto
anterior como posterior a la regulación que nos ocupa; las fuentes atestiguan
la existencia de premios de lo más variados con diversos objetivos y efectos.
El praemium civitatis en particular tampoco supone una novedad, pudiendo
destacarse que la innovación que ofrece la ley en este caso es la premisa para
su asignación: el ejercicio de la acusación ante una quaestio por parte
de un no ciudadano.
El testo epigráfico en el que se regula la cuestión suscita dudas
significativas y ha dado lugar a diversas interpretaciones. No obstante, la
conexión de la regulación que se conserva con otros testimonios que nos ofrecen
las fuentes permite avanzar una hipótesis acerca del funcionamiento de la
materia premial en esta normativa. Partimos de la base de que la acusación es
llevada por uno o varios sujetos, puntualizando que en este segundo caso sólo
uno ocuparía la posición de acusador principal, frente a los restantes que
serían subscriptores o acusadores secundarios. Los testimonios
atestiguan que el premio es unitario, lo que conduce a plantear la cuestión, en
el caso de pluralidad de acusadores, de a quién debe asignarse el mismo. La
regulación que estudiamos señala en ese punto que se ofrece el premio a aquel
de los acusadores que haya contribuido en mayor medida que el resto a obtener
la condena del acusado, lo que nos lleva a pensar que la divinatio que
se sustancia con carácter preliminar para distinguir al acusador principal del
o de los restantes no determina automáticamente quién es el merecedor del premio,
pues en ese momento es imposible predecir en qué medida contribuirá cada uno de
los acusadores a la condena. Parece
verosímil especular que en aquellos casos en que el acusador principal lleve a
cabo su labor de acuerdo con las expectativas puestas en su nombramiento sea el
asignado para recibir el premio. Ahora bien en aquellos casos en que surge un
conflicto entre ellos y no existe acuerdo sobre cuál de los acusadores
contribuyó de modo determinante con su actuación a la condena del acusado, habría
que plantear una divinatio final, previsiblemente frente al mismo
tribunal encargado de emitir el fallo, para determinar cuál de ellos merece el
premio.
A lo anterior habría que añadir que si accusator
y subscriptores pueden concurrir a efectos premiales, por coherencia
cabría admitir que, del mismo modo, todos aquellos que contribuyen a la
acusación pueden ser acusados de calumnia o prevaricación, circunstancias ambas
recogidas en la ley y que encuentra apoyatura en las fuentes. Con
ello se equipara a todos aquellos que ejercitan el ius accusandi, tanto
a efectos positivos como negativos.
No obstante lo dicho, en función de los datos que nos ofrecen las
fuentes a día de hoy, parece que el efecto incentivante del premio previsto por
la ley que comentamos, el praemium civitatis, no fue suficiente en las
coordenadas históricas y con las circunstancias del momento, a juzgar por la
falta de respuesta de los provinciales.
En definitiva, a pesar de las dudas que la
materia premial suscita y de las lagunas que persisten en torno a la misma,
entendemos que su estudio en la lex Acilia y la hipótesis conjeturada
puede constituir una aportación que contribuya a poner luz y esclarecer algunas
de las cuestiones que en torno a la misma se plantean.