[ISSN 1825-0300]
N. 9 – 2010 – Contributi
“Para los reales exércitos de Su
Magestad”.
La aportación de la nobleza sarda a las
guerras de la Monarquía hispánica (1626-1652).
Universidad de Sassari
Cerdeña
En marzo
de 1626, se les da conocer a los sardos la carta real, con fecha 15 de
noviembre de 1625, en la que Felipe IV pide al reino la disponibilidad para
armar un contingente de soldados en el ámbito de la Unión de
Armas[1]. La
reunión extraordinaria de los estamentos conforme a las instrucciones
del conde-duque registra una gran participación de la nobleza más
encumbrada[2]. En Cerdeña el clima
político no está
saturado de recelo ni de resentimiento como en los demás reinos
de la Corona de Aragón. En la Proposición
a los tres Estamentos del Reyno de Sardeña, don Luis Blasco, enviado
de Olivares y que dirigía la secretaría de Cerdeña en el
Consejo de Aragón al faltar un regente sardo, propone en todo y por todo
el proyecto de la Unión de armas, afirmando: «Si hazemos un mismo
cuerpo, la ofensa de qualquiera de las partes dél la ha de reparar y castigar
esta unión»[3]. El enviado de Madrid sabe
tocar la fibra sensible del sentimiento de pertenencia de las principales
familias nobles, al evocar su antiguo origen catalán o valenciano. Como
sabe también estimular su callado orgullo, evocando una edad de oro de
la Monarquía hispánica que empieza con los reyes de
Aragón, después de que Cerdeña pasara por la edad de
hierro de cartagineses, griegos, romanos, vándalos, los cuales
destruyeron ciudades y persiguieron a los católicos. Todo ello sirve
para reavivar la nunca sosegada sensibilidad unionista de la nobleza
sardo-catalana y para exaltar los valores fundamentales de la Monarquía
católica. Las promesas de recompensas honoríficas y de empleos
militares harán lo demás. El rey no solicita una ayuda
económica de parte del reino, sino solo que «vaya gente dél
a comerse en su exército lo que avía de gastar aquí
[…] no le queda a Sardeña que desear sino haver suplicado a su
Magestad lo que nos propone, para que igualara la inteligencia de este Reyno
con su fidelidad, y amor: que merece bien el socorro de veynte mil infantes, y
quatro mil cavallos pagados, de la gente con que servirán los otros
Reynos, quando en este entrase la guerra»[4].
No cabe
más para conquistar el consenso de los sardos. Y así – como
declaran las primeras "voces" de los estamentos sardos –, para
poner «en execución un
pensamiento tan divino, y inspirado del Cielo, como es la Unión de todos
estos Reynos para hazerlos inexpugnables, y formidables a los enemigos della
con la innata fidelidad, con que siempre nos hemos preciado de
fidelíssimos al servicio de Vuestra Magestad desseando emplear en
él nuestras vidas , y haziendas», el reino ofrece 80.000 escudos
anuales durante 5 años, con el objeto de reclutar un tercio de
infantería. Ponen como condición que dicho tercio esté
formado por soldados naturales de Cerdeña o, por lo menos «de los
de España y por ningún caso Italianos ni de otras naciones
Levantiscas», que esté al mando de maestres de campo y oficiales sardos y que no se modifique durante todo el periodo
del servicio parlamentario[5]. Los ministros de Olivares, a
quienes estos sentimientos de pertenencia hispánica saben a gloria, no
tienen otra alternativa que la de satisfacer los desiderata de los
parlamentarios. El 13 de noviembre, una patente real ratifica el expeditivo
acuerdo entre los estamentos y los emisarios del conde-duque. Las
anomalías del procedimiento parlamentario se resuelven
rápidamente mediante resoluciones que se toman nemine discrepante, hasta el punto que el propio Consejo de
Aragón se convence de que lo que se celebró en Cáller
«no fue parlamento, sino propuesta y offerta con estas condiciones»[6].
Un consenso tan absoluto está en
contraste tanto con la conflictividad de las cortes catalanas, como con la
resistencia más moderada de las cortes aragonesas y valencianas las
cuales, en su totalidad, habían frustrado el diseño de Olivares.
Es la primera señal de que se están disolviendo los largos siglos
de conformidad cultural, social y jurídica entre Cerdeña y
Cataluña y de que se están divergiendo los intereses de sus
clases privilegiadas. Otro signo de transformación más
espectacular resulta la designación del virrey Jerónimo Pimentel,
marqués de Bayona. El representante de la Monarquía en
Cerdeña ya no es, como se esperaría según la praxis
consolidada, un exponente de la aristocracia catalanoaragonesa, sino un
castellano, expresión de la nobleza de corte cercana al conde-duque. En
Cerdeña, Pimentel establece lazos estrechos con la aristocracia local:
su hija Teresa se casará con don Blasco de Alagón que en los
años venideros será uno de los protagonistas de la
adhesión unánime de la nobleza sarda a la Unión de armas.
Además, Pimentel es la persona más cualificada para predisponer
el programa de ayuda militar en la guerra de Italia, no solo por haber sido
capitán general de la caballería del Estado de Milán, sino
también por su capacidad de persuadir a la provincia sarda para que
acepte las razones políticas de la Monarquía.
Desde ese
momento, la política homologadora de Olivares ya no encontrará
oposición alguna, ni tampoco dudas ni defecciones. En el parlamento
extraordianrio de 1626, los estamentos no exigen ninguna contrapartida
política, ni siquiera contratan mercedes, sino que delegan al virrey
para que presente en la corte sus expectativas. Pimentel que, de inmediato,
había abierto brecha en el ánimo de los sardos por «su
singular humanidad, affabilidad, y dulçura», se compromete en
premiar la fidelidad (o, digamos, la aquiesciencia política) del reino[7]. Escribe el virrey: «el
servicio y las circunstancias con que se a hecho es merecedor que Vuestra
Magestad les favorezca y honre, fuera de que todo lo que piden no es sino
honras»[8]. La buena disposición
que muestra la corte en la distribución de honores, abre las puertas al
afán de promoción social. No solo son los nobles quienes postulan
hábitos, títulos y caballeratos, sino también los
exponentes de las clases intermedias (administradores de feudos, hombres de
milicia, letrados, eclesiásticos, mercaderes, consellers municipales) que desde hace algún tiempo se
están abriendo camino en la sociedad sarda[9]. En el lustro entre los dos parlamentos celebrados por Pimentel (1626
y 1632), la gracia real se distribuirá a manos llenas. Si cabe
algún impedimento no será a causa de la disponibilidad o menos de
la corte sino por la rivalidad entre los nobles sardos, cuyas pretensiones de
puestos de mando en el tercio de Cerdeña no se van a poder satisfacer[10].
Los costes de las tropas que operan en
el Monferrato resultan ser un pozo sin fondo para el reino de Cerdeña. A
primeros de octubre de 1628, se le exige al virrey que remita «con toda
la priessa posible», 100.000 ducados. Dicha suma la debe obtener,
vendiendo "efectos" patrimoniales de la corona. Dos meses más
tarde, el Consejo de Aragón ordena a Pimentel que, en vez de 100.000,
consiga 200.000 ducados[11]. Las apremiantes exigencias de don Gonzalo de
Córdoba se ven apoyadas por el conde-duque con su habitual capacidad de
decisión, pues el frente de Italia es el más "importante y
sensible" para la Monarquía[12]. Durante esa fase, el Consejo de Aragón
está presidido por el hermano del marqués de Bayona, el obispo de
Cuenca don Enrique Pimentel, que es un concienzudo ejecutor de la voluntad de
Olivares y que ejerce presión incesante sobre su familiar para obtener
de Cerdeña mayores ayudas en dinero y en especie.
En el bienio 1629-30, empieza a
manifestarse una grave situación de endeudamiento del reino que, durante
los años siguientes, mellará irremediablemente el patrimonio
real. El 4 de julio de 1629, un pregón del virrey avisa que el soberano,
para hacer frente a la urgencia de la guerra, ha decidido vender
«encontrades, baronies, viles, pesqueres, salines, estanys, atunaras,
cases, terres, tanques, officis sens jurisdissions, drets feudals y altros
tocants y esguardants a son Real Patrimoni» de Cerdeña[13]. Además de la
enajenación de las propiedades demaniales se resuelve vender
también oficios menores de la administración, en especial,
vegueratos, oficialías e assessoratos judiciales.
La
compraventa de oficios no es una novedad absoluta para Cerdeña. De todas
formas, un diseño de tamaña proporción, con el que se
intenta transferir buena parte del patrimonio y de oficios con funciones judiciales y
patrimoniales, suscita bastante perplejidad. En los Consejos callareses se
expresan dudas sobre la legitimidad de la privatización de oficios
«que tengan jurisdicción» y de la enajenación de los
bienes demaniales a los que, en Cerdeña – del mismo modo en los demás
reinos de la Corona de Aragón –, se les considera indisponibles
jurídicamente. En consecuencia, se reconduce el proyecto,
circunscribiéndose la venta a los oficios inferiores y
periféricos. Asimismo, se abre camino la convicción de que la
venta de bienes patrimoniales que aseguren rentas perpetuas puede ser
perjudicial para la «conservación» del reino[14]. En esa tesitura, se determina
que la producción cerealícola es el camino alternativo a seguir
para recaudar los 200.000 ducados destinados a las tropas que operan en Italia.
En Cerdeña, el trigo es un recurso "casi inagotable" que
asegura al rey una conspicua tasa sobre las exportaciones. Pero, también
es el alimento base de los soldados, así como un «gran negocio» para los
mercaderes de origen ligur. Y, a estos últimos se dirigen no solo los
campesinos locales para comercializar su producto, sino también la
Corona que, en cambio de rápidos adelantos de dinero, les concede
licencias de exportación hacia otras plazas mediterráneas muy
favorables[15]. En suma, recurrir a los
asientos de las sacas de trigo para
disponer de una anticipación de los futuros ingresos fiscales es un mal
necesario que se práctica desde hace tiempo, aunque de manera contenida.
En el verano de 1629, a cambio de licencias por tres años para la
exportación de trigo, un cartel de siete asentistas se compromete a
ingresar 60.000 escudos en el banco de S. Giorgio en Génova, así
como a enviar siempre a esa ciudad 60.000 estareles
de trigo destinados a las tropas de estancia en Lombardía[16].
Es el preámbulo de una
hemorragia humana y económica. Durante los días de la guerra del
Monferrato, la demanda de ayuda por parte del Consejo de Aragón resulta
muy apremiante e imperiosa. En 1631, cuando está por vencer el quinquenio del donativo
extraordinario se convoca un nuevo parlamento por explícita
disposición del conde-duque[17]. El virrey Pimentel prepara las cortes con su
consabida sagacidad, confiando a un docto tratado elaborado por Antonio Canales de Vega, abogado del
estamento eclesiástico, la incumbencia de justificar, en ámbito
jurídico y político, la nueva imposición en el cuadro de
la Unión de armas[18].
La
competición para captar la benevolencia del rey motiva que, antes de la
presentación formal de los greuges,
se manifieste la disponibilidad de confirmar el donativo ordinario de 150.000 ducados
anuales y que se prorrogue por diez años más el servicio
extraordinario de 80.000 ducados concedido en 1626[19]. Por primera vez, la
oferta del reino – la más elevada de siempre – se concede en
la fase inicial de las cortes. En nombre de una completa adhesión al
diseño del conde-duque, no se siguen los procedimientos ordinarios,
cesando todo propósito de contratación parlamentaria, por lo que
la propia función del parlamento resulta desvirtuada. Frente a la
lisonjas del marqués de Bayona, el método pactista se reduce a
una mera formalidad, sin contenido político, mientras que el
constitucionalismo incipiente que se estaba delineando en los albores del
siglo, cede el paso al absolutismo monárquico. Los abusos de los
procedimientos parlamentarios que se realizan en Cáller suscitan, por un
momento, dudas de carácter jurídico al Supremo de Aragón.
Entonces, Olivares se da prisa en salvar el obstáculo, remitiendo el
cometido de la decretación de los capítulos de corte
exclusivamente al presidente don Enrique Pimentel, su hombre de confianza en el
Consejo. La ausencia de todo disentimiento frente a la clara
tergiversación de las reglas parlamentarias, manifiesta la
sumisión de las élites sardas.
Salta a la vista la diferencia que
corre entre el parlamento sardo y las tumultuosas cortes catalanas de esos
mismos años (1626 y 1632). A los parlamentarios sardos les falta la
conciencia colectiva de los catalanes en lo concerniente a la amenaza que
representan los programas centralistas del valido de Felipe IV. La escasa
conciencia protonacional de los cuerpos privilegiados sardos impide que
perciban el radicalismo de la propuesta del conde-duque y los efectos negativos
de su reformismo autoritario. En resumidas cuentas, el proyecto de Olivares de
realizar una identidad política común mediante la unión de
las armas y de la integración de las clases privilegiadas provinciales,
se aprueba sin reservas. No podemos saber si a Cerdeña llegan ecos de
los acontecimientos parlamentarios catalanes ni cómo la nobleza sarda
vive la contradicción entre su propio origen catalán o valenciano
y la adhesión al diktat
centralista de Madrid. En las actas parlamentarias resulta evidente que,
oficialmente, no se aduce ninguna excepción jurídica, ni mucho
menos política, sobre el abandono de la conformidad que había
caracterizado durante tres siglos las relaciones jurídicas y culturales
entre Cerdeña y Cataluña. En nombre de la fidelidad a la
Monarquía católica
– fidelidad que se recuerda en toda ocasión oficial
–, se acallan los antiguos
vínculos institucionales, se ignora el legado legislativo y se deja de
lado la pertenecia familiar o social.
A los
sardos les parece que las promesas del patronazgo real, les abren perspectivas de transformación y, además,
que los proyectos políticos de Olivares resultan la ocasión
favorable para reivindicar la extensión de los privilegios que gozan los
cuerpos representativos de los demás reinos de la corona
catalanoaragonesa. En definitiva, los estamentos refuerzan la adhesión
voluntaria a la Unión de armas con el objeto de conquistar esa igualdad
política e institucional que llevan tiempo reclamando, pero que siempre
se les ha negado. ¿Qué es lo que, en realidad, piden las clases
privilegiadas sardas? Apelándose al buen gobierno que propaganda el
conde-duque, solicitan una distribución más equitativa de la
gracia real; reivindican la reserva de los oficios del reino y de las
prelaturas para los graduados de las dos universidades sardas; reclaman el
nombramiento de nobles sardos al cargo de virrey; quieren que la plaza de
regente sardo en el supremo de Aragón sea permanente, que los jueces de
la audiencia y los ministros del real Patrimonio se eligan in loco, que se prefiera a los naturales y no a los forasteros para
los cargos militares y administrativos[20].
Para la supervivencia económica
tanto de los nobles, como de los eclesiásticos y letrados es de vital importancia que los
sardos sean parificados a los demás súbditos de la corona de
Aragón en el acceso a los cargos públicos. Las peticiones
serán acogidas en gran cantidad, hasta el punto que, en tiempos de la
Unión de armas, más del
90% de las plazas militares,
eclesiásticas y judiciales del reino han sido asignadas a los sardos. A
cambio de una incondicionada lealtad, las clases parlamentarias sacan partido
de la generosidad interesada de Madrid. En definitiva, el único lenguaje
político que se percibe es el del patronazgo real, mientras que la
defensa colectiva de las "libertades" constitucionales es ajena al
bagaje ideal de las élites sardas. Después de 1632, el horizonte
ideológico de las clases dirigentes será marcado indeleblemente
por la preponderancia castellana, la cual impondrá novedades esenciales
en la orientación cultural, en el funcionamiento de las instituciones y
en los criterios de selección del personal de gobierno.
El viraje político de los
años treinta va a costar muy caro a la población sarda. La
economía de guerra, la crecida carga fiscal, los vínculos en la
comercialización del trigo resultan muy gravosos para todos, pero para
los productores agrícolas son insoportables. Es entonces que empieza a
resquebrajarse el consenso general respecto del gobierno central y a abrirse
camino la conciencia de que el sistema de los asientos del cereal es muy
perjudicial para la agricultura. La perenne emergencia económica debida
al coste creciente de las guerras requiere nuevos endeudamientos con los
asentistas, además de otras cesiones del patrimonio del reino. En los
primeros meses de 1632, la Monarquía se encuentra tan comprometida
financiariamente que recurre a una nueva contratación de las
exportaciones de trigo sardo para cubrir una parte de la enorme deuda (850.000
ducados) que contrajo en 1629 con Giulio Cesare Escasuola, tesorero general de
la Cruzada y representante portugués de los Függer. La
disposición no proviene del Consejo plenario de Aragón, sino de
una junta con unos pocos ministros de confianza del valido, predispuesta por el protonotario Villanueva y por el regente
sardo Francisco Vico.
El nuevo
apretón de clavijas por parte de Olivares para hacer frente al coste de
la guerra en Italia y Flandes, comporta a los sardos un gravamen
económico además de un extraordinario esfuerzo para movilizar
otro tercio de infantería. Una vez más títulos, barones y obispos están
llamados a sostener los costes. Como siempre, el alistamiento tiene lugar entre
los marginados del campo y de las ciudades, con el fin de contener los efectos
de la delincuencia rural y atenuar la presión social de las clases
peligrosas; como siempre los puestos de mando están reivindicados por
los nobles sardos, que el virrey selecciona entre los viejos capitanes del tercio reformado en 1630[21].
La
participación de los sardos en la guerra crecerá en la primavera
de 1635, tras la apertura de las hostilidades con Francia. Cuando Cataluña
se convierta en un potencial frente de batalla Cerdeña será la
retaguardia con la función de enrolar tropas, procurar fondos y abastos.
A partir de ese momento, la circulación de capitales y de armamento
hacia Italia o Flandes se interrumpe y se encauza hacia el Principado que es el
nuevo bastión español contra el enemigo francés[22]. Durante esta fase, mientras
los catalanes empiezan a manifestar sentimientos de intolerancia hacia el
ministerio de Olivares, los sardos siguen manteniendo su buena disposición
para sostener exigencias cada vez más apremiantes. La ayuda militar y
financiera al principio reside fundamentalmente en el abastecimiento de víveres y de
dinero para las pagas de la armadilla de
estancia en Cataluña, en la transferencia del donativo parlamentario
– ordinario y extraordinario – para el año 1634, en la remesa de 100.000 fanegas de trigo
y de otra aportación sin
precisar por parte de los hombres de negocios[23]. Asimismo cabe hacer otro donativo extraordinario para el propio
soberano que está a punto de entrar en batalla y hay que reclutar un
contingente de infantería sardo, para destinarlo al frente de Italia[24]. Para todo ello, se
envía a Cerdeña al regente Vico, quien se comporta como un
verdadero plenipotenciario del conde-duque. Pero Vico, en su tarea, se
encuentra con escollos
difíciles de superar. Por un lado, los hombres de negocios se
niegan a hacer más anticipaciones de dinero para las pagas de los
soldados de estancia en Cataluña; por el otro, faltan fondos para
proveer por enésima vez de cereal a las tropas reales, pues la
recaudación del donativo ordinario procede muy lentamente; y, por
último, la leva de los soldados sardos se ha estancado[25]. Los arbitrios que predispone Vico para conseguir
dinero contante, son únicamente nuevas concesiones onerosas de
títulos nobiliarios o ventas de oficios públicos y bienes del patrimonio real. La crisis
financiera se hace dramática («la Tesorería deste Reyno está
tan acabada que no hay para pagar el salario del Virrey y Juezes del
Audiencia») y empieza a manifestarse el mal humor hacia la
política del conde-duque («lo que más es de sentir que ha
mandado Su Magestad que todas las rentas corridas hasta el año 1635 se
le embíen a Madrid»)[26].
Pese a tamañas dificultades, no
solo no mengua la participación de los sardos en la Unión de
armas, sino que incluso se acelera tras la derrota española en Leucate y
tras la toma de Breda por los holandeses. Se solicita a los nobles y a las jerarquías eclesiásticas
que financien la formación de un tercio de infantería destinado a
Flandes. La leva tiene una gestación larga y tormentada por la
insolvencia de las finanzas nobiliarias y por la dificultad de sustraer brazos
a una tierra en perenne déficit demográfico. Finalmente en 1638,
el tercio toma forma y, con pocos efectivos, se embarca al mando de don Jorge
de Castelví hacia Flandes, donde combatirá durante años,
hasta la derrota de Rocroi en 1643[27].
Por
consiguiente, la movilización de los sardos irá creciendo entre
1638 y 1640 debido al precipitarse de los acontecimientos en el frente
francés[28]. Se forman nuevas unidades que
se envían a Guipúzcoa – en auxilio de Fuenterrabía
– y, más tarde, a Cataluña, cuando el Principado se
convierte en el teatro principal de las operaciones militares. La campaña
para recuperar la fortaleza de Salses y la revuelta catalana son las dos
circunstancias en las que la demanda de soldados a los reinos de la Corona de
Aragón es más insistente y perentoria[29]. Por tanto, Cerdeña también tiene que dar su
contribución. Así se predispone una nueva leva de mil infantes, un abastecimiento de
500 caballos selectos, la remesa de 150.000 estareles
de trigo y forraje para el ejército real que está por invadir
Cataluña[30]. En aquel fatídico
año de 1640, fue posible
para Cerdeña mantener un compromiso tan gravoso solo gracias a la
intervención de la aristocracia. Fieles a las órdenes del
conde-duque, las familias de los Alagón y de los Castelví se
dedican en cuerpo y alma a la empresa, armando a su costa unidades militares
para intervenir en Cataluña[31]. Lo mismo hacen tanto los regidores de los grandes feudos, los
caballeros y los hidalgos de las aldeas, como la nobleza de origen reciente o
los asentistas quienes arman a su cargo dos compañías de
infantería, financiando también la compra del forraje para las
tropas que están en el Principado[32].
Según el religioso Jorge Aleo,
durante esos años, la movilización militar de los sardos,
súbditos "fedelísimos" por antonomasia, es una
adhesión voluntaria y masiva de los mismos[33]. Su crónica es un documento emblemático
del sentimiento de los sardos en ese año crucial de 1640; un documento
que ayuda a comprender que el proceso de castellanización de la sociedad
sarda, iniciado en tiempos de Felipe II, había llegado a su maduración[34]. Las familias de origen catalanoaragonés
han dado la espalda a los antiguos vínculos familiares y culturales,
volviendo la vista hacia la sugestión ideológica del centralismo
madrileño. En Cerdeña no es posible columbrar ninguna actitud
sediciosa digna de mención y ni siquiera se verifica la renitencia de la
nobleza castellana o valenciana,
que resulta una fuente de preocupaciones para el conde-duque[35]. Fidelidad y servicio a cambio de
mercedes es el camino real para todos,
conforme al pacto constitucional entre la corona y las clases privilegiadas.
Frente al perentorio llamamiento de Olivares, los estamentos se orientan hacia
una colaboración voluntaria, sin titubeos ni defecciones.
Es una trayectoria que presenta
analogías con la tendencia de los demás reinos de la Corona de
Aragón ante la rebelión catalana. Para los estamentos valencianos
la creciente dependencia de la gracia real se manifiesta en su
colaboración con la Monarquía y, por tanto, en la
movilización militar realizada por la nobleza provincial[36]. Para los aragoneses, implicados en la
defensa de su tierra, que está comprometida directamente en el conflicto
hispano-francés, tampoco se pone en tela de juicio la lealtad
monárquica[37]. Los motivos políticos de la secesión
catalana son ajenos al horizonte ideológico de las élites del
resto de los reinos de la corona catalanoaragonesa, una prueba más de
que el vínculo institucional ya es solo un patrimonio formal del pasado.
En los últimos años de la
privanza del conde-duque, Cerdeña se va implicando de manera cada vez más perentoria en
la guerra, a causa de las circunstancias infaustas para las armas del rey en
los frentes de Italia y Cataluña. Tras la derrota de Montjuich en enero
de 1641 y abandonada la ilusión de una rápida victoria
castellana, se sigue apremiando a Cerdeña para que arme más
hombres y abastezca con trigo y forraje[38]. Pero las posibilidades del reino para hacer frente
a dichas demandas van mermando. No le son suficientes los exiguos ingresos del
donativo parlamentario, ni los beneficios que provienen del embargo de los
patrimonios de los catalanes residentes en la isla[39]. Entre junio y julio de 1641, tras la apertura del
frente del Rossellón, el virrey Fabrizio Doria se ve obligado a negar el
abastecimiento de 200 caballos por falta de dinero[40]. Las cosas irán mejor en diciembre, cuando
el virrey sardo, con el dinero que ha recibido de Madrid, logre comprar 350
caballos y enviarlos en ayuda de las tropas que combaten en Tarragona[41]. En los últimos días de
1641, incluso la formación del tercio del marqués de Villasor procede
lentamente, pues el marqués quiere garantías por parte de los
ministros del reino que las seis compañías a cargo de la real
hacienda (prácticamente la mitad del tercio) se encuadren, equipen y
retribuyan en el momento del enrolamiento, con el fin de evitar la acostumbrada
insubordinación de unos hombres reclutados, con prevalencia, entre los
bandidos, los presos o los
vagabundos[42].
Entonces,
debido al prolongarse de la guerra en Cataluña, no queda más
remedio que convocar nuevas cortes con el fin de solicitar la renovación
del servicio y mitigar los aprietos económicos. En su discurso de
apertura de febrero de 1642, el virrey Doria, tras recapitular lo acontecido en
el frente de Italia y de los Pirineos y tras exponer las dificultades que se
presentaban en el asedio de Tarragona y en el de Perpiñán,
solicita la confirmación tanto del donativo ordinario como del
extraordinario y también de «otras asistencias de gente y
dinero». Son inminentes nuevas levas de infantes, nuevos abastecimientos
de caballos y de víveres y, por consiguiente, nuevas recaudaciones
fiscales. Según la proposición
parlamentaria del virrey Doria, la ayuda que los súbditos,
según las leyes divinas y humanas deben al rey, es aún más ineludible en esta
ocasión, pues la Monarquía tiene que defender sus territorios de
la agresión que perpetra el enemigo francés con la complicidad de
los súbditos catalanes. La propuesta de las consignas de Madrid que el
príncipe genovés presenta a los estamentos, hubiera podido ser
una ocasión para reflexionar sobre el carácter autoritario de la
Unión de armas. Sin embargo, en la fase más crítica de la
política de Olivares la "conservación" de la
Monarquía es el refugio ideológico más seguro para las
clases parlamentarias sardas. Fidelidad, servicio y mercedes colman por
completo el horizonte político de los nobles, eclesiásticos y
representantes de las ciudades reales[43].
En julio
de 1642, el marqués de Láconi, en calidad de portavoz de los
estamentos, comparece ante Felipe IV en el frente de Aragón. Como contrapartida
a la oferta de un donativo de 70.000 escudos anuales, pide la abolición
del sistema de los asientos y la liberalización de las sacas de trigo en
favor de los productores. De igual forma, suplica la concesión del
consabido "paquete" de recompensas a los súbditos sardos,
«que han sido siempre el exemplo y norte de los demás
Reynos»[44]. A la Monarquía que se
encuentra en dificultades económicas, la propuesta de los sardos, aunque
exigua, le resulta interesante. El mérito es, otra vez, del regente Vico
que, en la Junta de execución del Consejo de Aragón (una
especie de gabinete de guerra que componen el cardenal Borja, el regente
Magarola y él) ha llevado la batuta en la contratación
parlamentaria, amoldando las exigencias gobernativas a las expectativas de
mercedes por parte de los sardos[45]. Fundamentalmente no cambia nada en las relaciones entre la corte y
la provincia sarda. Una vez más saltan a la vista los límites de
un contractualismo parlamentario que refleja las intenciones de las
élites cuya finalidad es, exclusivamente, consolidar el vínculo
de servicio con Monarquía.
Y es,
precisamente, ese objetivo de afirmación de las relaciones de patronazgo el que determina el comportamiento de
los marqueses de Villasor y de Láconi. Entre 1641 y 1643, a los dos
mayores títulos del reino, la solicitación personal del
conde-duque les comporta un compromiso mucho más dispendioso en la
guerra de Cataluña[46]. En 1643, cuando la
caballería, desde un punto de vista estratégico, se vuelve
decisiva para la suerte de la guerra, el reclutamiento de nuevas corazas impone otra leva de mil
caballos. Para poder reunir unos quinientos o seiscientos, el marqués de
Láconi, Juan de Castelví, tiene que bregar bastante con sus
vasallos, tratando de persuadirlos[47]. En el regimiento de 700 cavallos se encuadran muchos vástagos
de la nobleza sarda, vinculada por parentela a los Castelví. Este regimiento, al mando del
marqués, don Juan, y de su hermano menor, don Agustín, se
distinguirá en la toma de Monzón, consiguiendo muchos
méritos en el campo de batalla, según refieren las
crónicas[48].
Tras la caída de Olivares, la
situación no cambia, sino, al contrario, la requisición de
recursos incluso sufre una aceleración, cuando la mala cosecha en las
usuales áreas de abastecimiento provoca una grave carencia alimenticia
para las tropas. En la fase del contraataque de las armas españolas en
Cataluña y Aragón, se debe recurrir por causas de fuerza mayor al
trigo y al forraje de Cerdeña para abastecer hombres y caballos.
Asimismo, para la caballería pesada que se envía de Flandes en
ayuda del ejército de Cataluña y de las plazas fuertes del
Rossellón, se emplean caballos sardos, selecionados entre los
más «grandes, sanos y
nuevos»[49].
Pero en la isla las operaciones de
aprovisionamiento presentan cada vez mayores dificultades. De igual forma, se
pone a prueba el ardor lealista de las clases privilegiadas. En 1644, la
administración real se declara incapaz de hacerse cargo de los costes de
la guerra de Cataluña; tampoco los terratenientes laicos y eclesiásticos
pueden asegurar las provisiones de trigo y cebada[50]. Detrás de estas declaraciones de
insolvencia se cela la situación dramática de las finanzas reales
y de muchos presupuestos familiares a causa del excesivo endeudamiento
acumulado para sostener las guerras de la Monarquía. Los
Castelví, en diversas ocasiones, manifiestan sus quejas a Madrid, y otro
tanto hace, en 1645, don Blasco de Alagón, al declarar que se ha gastado
más de un millón de ducados en hombres y caballos, sufriendo una
pérdida de 2.500 ducados anuales[51].
La guerra
de Cataluña somete a dura prueba la solidez de muchos patrimonios
señoriales. Las campañas de Lleida y Tarragona de 1646,
así como la defensa de Rosas asediada por el ejército
franco-catalán en 1645, imponen por enésima vez una extrema y
desesperada recaudación de un donativo
extraordinario entre los nobles y los terratenientes. Se logra reunir un
contingente de infantería al mando del maestre de campo Diego de
Aragall, más de 50.000 estareles
de trigo y casi doscientos caballos. A principios de 1646, las ciudades de la
isla, por su parte, ofrecen "de manera espontánea" un donativo
voluntario de grano y cebada[52]. Hasta aquí, lo que aportan las fuentes del archivo de
Cáller; sin embargo habría que completarlas – y, en ocasiones,
rectificar – con las fuentes madrileñas: el donativo "voluntario" de 1645 que un
grupo de nobles, prelados y jueces de la audiencia recoge por toda la isla,
asciende efectivamente a unas 40.000 liras sardas, 50.000 estareles de trigo y 16.000 de cebada, a más de trescientos
caballos, 5.000 corderos y unas 1000 vacas y cabras[53]. De todas formas, no es suficiente. Pues, cuando es apremiante
disponer de la entera suma del donativo ordinario del año 1644, se debe recurrir al acostumbrado adelanto, por parte del
banco de San Giorgio, mediante un nuevo asiento con los mercaderes genoveses de
marras. La demanda es cada vez más urgente y apremiante, mientras que la
recaudación de los donativos se hace más aleatoria debido a la
insolvencia de muchos contribuyentes.
Las imposiciones del trienio 1643-45
son una auténtica expropiación forzosa para la provincia sarda.
Al final, el reino no podrá hacer frente a los gastos de la
administración ordinaria y de la defensa militar del interior. En julio
de 1646, el Consejo de Aragón hace un balance de la dramática
situación económica, asumiendo que el derrumbe de las finanzas
sardas había empezado en 1627, cuando el perverso mecanismo de los
asientos había desencadenado un crecimiento imparable de la deuda
pública. Medidas económicas muy drásticas, como la fiscalización de la
producción cerealícola, la limitación de los derechos de
los asentistas, la suspensión de los pagos de rentas y pensiones a
particulares o la reducción de las concesiones gratuitas de
exportación de cereal, son el último y desesperado intento de
corregir el rumbo para engrosar los ingresos del reino. La suspensión
temporal del pago de los censos y
de otras rentas en espera de tiempos mejores, es fundamentalmente una
declaración de bancarrota.
Sin embargo,
el abastecimiento de los ejércitos reales es un compromiso que se va a
prolongar incluso después de la caída de Barcelona[54]. Cerdeña, durante el
asedio de la capital catalana, no aporta hombres porque no se lo permite su
«notoria falta de gente», pero contribuye con «muchos
servicios de granos, dinero, cavallos, bíveres de diversos
géneros para los Reales exércitos, Armadas y Plazas de Su
Magestad». Se envían a Barcelona, a Mahón e Ibiza 180.000 estareles de trigo, avena y legumbres,
mientras que con otros 20.000 quintales de trigo, se produce galleta para las
tropas. El aporte de dinero se calcula en más de 145.000 escudos, de los
que 20.000 se le dan a don Juan de Austria que está reconquistando
Barcelona; 12.000 se asignan, en el mismo periodo, al virrey cardenal
Trivulzio; 20.000 reales de a ocho que se obtienen de la venta del trigo van
directamente al ejército; 50.000 escudos se utilizan para reforzar el
sistema de defensa del reino, amenazado por la flota francesa; y, 42.000 que ya
han servido para la manutención de las dos galeras de la flota sarda[55]. Son aportaciones absolutamente
modestas que, sin embargo, para un reino pobre y deshabitado, agredido por la
gran peste de mediados del XVII, atormentado por reiteradas crisis de la
producción agrícola y por una situación de la deuda
pública al borde de la bancarrota, resultan una cifra colosal. En buena medida, los envíos de
víveres y dinero realizados en diferentes momentos, pero siempre
«en ocasiones urgentísimas» son donativos extraordinarios y
«graciosos» de los sardos, puesto que las finanza regias «no
dan disposición por su cortedad para pagar las cantidades tan grandes
que son menester para estas asistencias»[56].
Las extremas exigencias de la guerra y
las presiones igualmente fuertes de los mercaderes que operan en el
Mediterráneo, provocan que, después de 1652, las exportaciones de
trigo de Cerdeña no sufran ninguna flexión, a pesar de las
apremiantes necesidades alimenticias de las comunidades locales o de las
restricciones que se imponen al comercio marítimo en tiempos de peste.
Siguen manteniendo un ritmo en alza, sobre todo las que se realizan hacia los
puertos españoles, favorecidas por el hipérbolico aumento del
precio del trigo en Barcelona, como también en buena parte de la
península ibérica[57]. Cuando en 1657 cesa, por fin, la epidemia de
peste, incluso en Madrid se percibe la extrema gravedad de la crisis sarda. La
isla no solo no puede asegurar la aportación que se le exige para
mantener los ejércitos en Cataluña y en el estado de
Milán, sino que está en condiciones de ocuparse, ni siquiera, de
sí misma.
Anteriormente se ha hecho
hincapié en la importancia que tiene el patronazgo real como factor
determinante tanto en la adhesión de las clases dirigentes sardas a la
Unión de armas, como también en la transformación del
comportamiento colectivo de las mismas respecto a sus relaciones con
Cataluña. De hecho, durante esos años se le da remate a la
antigua pertenencia institucional y familiar, lo mismo que a la conformidad jurídica y cultural
que había connotado la historia de Cerdeña desde el siglo XIV
hasta el XVI inclusive. La cuestión es que los años treinta y
cuarenta del XVII representan la última ocasión que tiene la
nobleza feudal para poner remedio a una crisis social y a una
marginación política cada vez más patente. Las principales
familias nobles de Cerdeña tratan de huir de una decadencia anunciada
por la entrada en escena de categorías sociales emergentes como la clase
togada, la burguesía mercantil y profesional o las camarillas cada
día más potentes que gobiernan los municipios. En consecuencia, a
la nobleza no le queda otro remedio que mirar hacia la Monarquía,
volviendo a su función tradicional. Muchos están convencidos de
que la llamada del conde-duque de Olivares al ejercicio de las armas va a ser
fructífera para reconquistar espacios de hegemonía
política. Tanto en el lealismo que se manifiesta en el parlamento como
en la movilización militar, la feudalidad sarda pone todas sus
esperanzas, proponiéndose como interlocutor privilegiado en la corte.
Unos años más tarde, Jorge Aleo expresa muy bien en su
crónica el clima político y las expectativas de las élites
nobiliarias. El religioso, profundamente legitimista, se lamenta de una cierta
falta de reconocimiento político y literario por lo que respecta al gran
mérito que la nobleza sarda alcanzó durante aquellos años
al sostener las guerras de la Monarquía: «No trato aquí de
los demás socorros de dinero, trigo, y otros bastimentos, y galeras con
las quales el Reyno de Sardeña y sus particulares han asistido a Su
Magestad en todas estas guerras […] y verdaderamente es lástima
grande el ver y considerar que Sardeña haya sido tan desgraciada que por
descuido y falta de escriptores no se tengan noticias de las asistencias,
socorros, y servicios con los quales ha Ella correspondido siempre con su Rey,
que a buen seguro se puede affirmar con verdad que ningún otro Reyno o
Provincia de la Monarquía de España, en su tanto, en estas
últimas guerras, y necessidades grandes de Su Magestad le ha llevado
ventaja en fineza, liberalidad, y asistencia; y sin haver recibido el
agradecimiento, y recompensa devida»[58].